¿Es factible una desmonetización a la india en Latinoamérica?

La India, con sus nada menos que 1.300 millones de habitantes, está abordando un drástico proceso para desmonetizarse impulsado fuertemente por su Gobierno, con medidas como eliminar los billetes de máxima circulación en un plazo de menos de dos meses. Es, por su volumen y complejidad, uno de los mayores retos tecnológicos – y no sólo tecnológicos – enfrentados hasta la fecha, en un país en el que 1.000 millones de personas todavía no disponen de smartphone.

Este tránsito forzado a la bancarización universal descansa, además de en el decidido liderazgo político, en un sistema de pagos implementado por la National Payments Corporation of India denominado UPI (Unified Payment Interface). UPI, a su vez, se basa en cuatro pilares: una fuerte interoperabilidad entre entidades financieras, un POS low cost basado en celulares Android a los que se une un lector de huellas dactilares, una app móvil y un sistema de identificación biométrico.

En este último punto es donde entra en juego la cédula de identidad biométrica de la India, Aadhaar, ya en posesión de casi 1.100 millones de indios y que ha  supuesto una inversión por parte de las autoridades del país cercana a los 900 millones de dólares. La información biométrica registrada en Aadhaar corresponde a las diez huellas dactilares, los iris y la cara. Entre otras aplicaciones, Aadhaar se asocia – para 400 millones de personas – a una cuenta bancaria, permitiendo al Gobierno Indio entregar subsidios a sus ciudadanos por esta vía sin manejar efectivo. Cifras, sin duda, impresionantes.

Obviamente, la pregunta surge de inmediato: ¿podría Latinoamérica dar un impulso a sus niveles de bancarización con movimientos audaces como el indio?

Los niveles de penetración de smartphones, como indica el caso indio, no parecen un problema; en cualquier caso, las cifras en Latinoamérica son superiores y la tendencia, imparable. Por otro lado, países como Chile o Uruguay cuentan con extendidas cédulas de identidad biométricas.

Resta entonces la inversión necesaria – pública en el caso de UPI – para la creación del sistema de pagos y, sobre todo, para el despliegue de esa red de adquirencia low cost que otorga viabilidad práctica a la desmonetización. Aunque echándole un vistazo a otro tipo de cifras, da la sensación de que el retorno de la inversión sería claro…

No existen datos recientes, pero la CEPAL sitúa el tax gap (diferencia entre los impuestos efectivamente recaudados y los que se deberían recaudar con la normativa vigente) en el rango entre el 20% y el 30% del total recaudable. La cifra total de evasión fiscal, según la propia CEPAL, se sitúa en el entorno de los 320.000 millones de dólares en la región. Si tomamos como referencia los estudios de la autoridad tributaria británica, casi un tercio del tax gap se debe a la evasión y la economía sumergida, en las que la insuficiente fiscalización de transacciones en efectivo es un factor relevante. Elocuentes datos.

¿Es viable una desmonetización acelerada a la india en Latinoamérica? ¿Se puede compensar la hipotética inversión pública con una reducción relevante del tax gap? ¿Qué pasa con las aprensiones sobre la privacidad de los ciudadanos en sus transacciones económicas? ¿Contribuiría la bancarización al desarrollo digital de los países? ¿Y una mayor efectividad en la recaudación tributaria a la reducción de la inequidad?

Muchas preguntas y difíciles respuestas que, en cualquier caso, sería interesante tener.