La extinción de la clase media


Es fabulosa la capacidad de la televisión y el cine para incorporar a nuestro lenguaje términos y conceptos que llegan para quedarse. Desde que se estrenara en el año 2000 “La tormenta perfecta”, dirigida por Wolfgan Petersen y con George Clooney y Mark Wahlberg al frente del reparto, es rara la situación que acumula serias circunstancias adversas que no se describe con esas mismas palabras.

Tormenta perfecta es la que se cierne sobre ese cemento social que es la clase media, que observa cómo arrecian los vientos de la desigualdad ante la inacción de los gobiernos. Como en la película de Petersen, dos grandes perturbaciones de diferente naturaleza son las que se acercan a la nave de la ciudadanía, augurando efectos devastadores en el mediano plazo si no se toman las medidas necesarias.

Alrededor de una de ellas, los efectos sobre el mercado laboral de la automatización del trabajo, he escrito bastante en el último tiempo. Me he referido, por ejemplo, al gran desacoplamiento entre el crecimiento económico y los rendimientos del trabajo, término acuñado por Brynjfolsson y McAfee, autores del muy recomendable libro The Second Machine Age, cuyos contenidos principales resumo en este otro post. O a la llamada explícita de la Administración estadounidense a reaccionar a este fenómeno con políticas contundentes, en medio de los primeros experimentos serios de renta básica universal.

Al menos, esta radical e inquietante transformación de las condiciones laborales, sobre la que se está produciendo una permanente lluvia de artículos, se sitúa ya en la primera página de las agendas académicas y empresariales, aunque da la sensación de que no en las políticas.

Menos visible es la segunda de las tormentas, pese a que los Estados disponen de una capacidad mucho más directa de abordarla. El que es probablemente el instrumento más poderoso para luchar contra la desigualdad en el medio y largo plazo, la Educación, muestra síntomas muy preocupantes de estar produciendo el efecto contrario: una mayor inequidad.

Sirvan como ejemplo dos países, España y Chile, en las que la Educación es más un arma arrojadiza partidaria que una política de Estado. El sistema educativo español, además de producir mediocres resultados académicos, se sitúa en el pódium europeo de la exclusión social, generando una segregación que perpetúa la desigualdad. Por otro lado, Chile es el país latinoamericano en el que el sistema educativo presenta un mayor índice de desigualdad de oportunidades y que menos contribuye a la movilidad social.


En realidad, la situación general en Latinoamérica es muy preocupante, ya que el 50% de los jóvenes de 15 años no cuenta con los conocimientos esenciales para participar plenamente en la sociedad y la tendencia no acompaña: al ritmo actual de crecimiento en el nivel de desempeño, países tan relevantes como Uruguay, México, Brasil o Chile nunca alcanzará estándares OCDE.

Así pues, tenemos dos tormentas perfectamente complementarias dispuestas a colisionar: un mercado laboral en el que cada vez el nivel de cualificación demandado será mayor y un sistema educativo muy lejos de contribuir en la dirección adecuada.

Estos dos efectos de mediano plazo son globales, aunque el segundo mucho más acentuado en Latinoamérica que en los países desarrollados. Lamentablemente, en nuestra región converge un tercer factor, éste de corto plazo, que no viene sino a oscurecer el panorama.



Lo viene advirtiendo la CEPAL desde hace mucho tiempo: Latinoamérica es la región con menor progreso en redistribución de la riqueza durante los últimos veinte años. E insiste en un informe de hace apenas unos meses titulado significativamente Time to tax for inclusive growth:

in just six years’ time the richest 1% in the region will have accumulated more wealth than the remaining 99%

Efectivamente, da igual el gráfico que miremos, las políticas redistributivas latinoamericanas – políticas tributarias y transferencias – hacen mucho menos que las de los países desarrollados por reducir la desigualdad. A mí me gusta éste de ourworldindata.org:


Como se puede apreciar, en México y Chile, la desigualdad antes y después de la redistribución es prácticamente la misma, en duro contraste con los países más desarrollados. La CEPAL extiende este resultado a otros 14 países latinoamericanos:


La tormenta perfecta está en camino, imparable, directa. Urgen drásticos cambios en las políticas laborales, educativas, tributarias y sociales para hacerle frente si no queremos tener que recordar otro gran éxito de taquilla, Jurassic Park, y asistir a la extinción de la clase media.

Transantiago y el efecto Pigmalión


Hoy se cumplen diez años de la entrada en funcionamiento del Transantiago, el sistema de transporte público urbano que opera en el Gran Santiago y que integra los buses de la ciudad (operados por siete concesionarios) y el Metro (empresa pública). Los problemas que enfrenta la capital chilena son representativos de que la movilidad urbana es, todavía, una de las principales asignaturas pendientes en Latinoamérica, la región más urbanizada del mundo junto con nuestros vecinos norteamericanos.

La trayectoria de Transantiago ha estado rodeada de polémica desde sus inicios, en parte por los graves inconvenientes que tuvo que afrontar en su primera etapa, en parte porque ha sido un arma política de calado con el transitar de los diferentes gobiernos en esta década.

A día de hoy, Transantiago – como la mayoría de los sistemas de las grandes ciudades latinoamericanas – está inmerso en un círculo vicioso:

  • Los operadores de bus presentan serios problemas financieros, lo que redunda en peor frecuencia y regularidad, peor estado de la flota y, en definitiva, peor calidad de servicio.
  • Este peor servicio genera una reducción de la demanda (de casi un 20% en buses entre 2009 y 2015, en parte por el crecimiento en torno a un 10% en el Metro para una reducción global del 8%).
  • La reducción de la demanda acrecienta los problemas financieros y realimenta el círculo.

La situación descrita provoca que el sistema, concebido inicialmente como autosostenible, sea fuertemente deficitario y requiera importantes subsidios públicos, que se sitúan en torno a los USD 650 millones anuales, pese a que las tarifas, ajustadas por inflación, se han elevado un 20%.

En este escenario económico juega un papel decisivo la evasión (eufemismo empleado para hacer referencia al impago por parte de los usuarios), que alcanza el 30%. O, lo que es lo mismo, unos USD 250 millones anuales, no muy lejano a la mitad del subsidio al sistema.

En los próximos meses se estarán licitando los nuevos contratos de operación de buses, de gestión del medio de pago (la tarjeta bip!) y de servicios tecnológicos. Las autoridades chilenas, a través de un rediseño adecuado y con la importante ayuda complementaria de legislación actualizada, disponen de una inmejorable ocasión para dar un paso importante frente a los principales desafíos del Transantiago.

Por supuesto, la reducción del impacto medioambiental a través de la renovación de la flota con buses Euro VI.

Por otro lado, la lucha contra la evasión. Con la ciudad australiana de Melbourne como ejemplo de experiencia exitosa (reducción del 12% al 4% en cuatro años), la definitiva aprobación de la regulación en trámite parlamentario debe ser una herramienta decisiva.

Además, la información al usuario. La percepción de la calidad de servicio es eso, una percepción, en la que además de los hechos objetivos – frecuencia, regularidad – la información y experiencia del viajero (desde que busca alternativas de desplazamiento hasta que llega a su destino) tienen un peso muy relevante.

Y, de manera transversal, la transformación digital del servicio, en varias aristas:

  • La más importante, la transformación del medio de pago. La actual tarjeta bip! es obsoleta, insegura y presenta serias limitaciones para gestionar tarificación compleja. La costosa red de recarga presencial y el desarrollo reglamentario en curso de la recién aprobada ley que permite la emisión de medios de pago por entidades no bancarias (tarjetas de prepago) completan un escenario de oportunidad claramente encaminado a un medio de pago abierto y su evolución hacia un soporte virtual, al estilo de la SUICA japonesa.
  • También debe transformarse la relación con el usuario a través de sistemas de información en tiempo real, con una base fuerte en aplicaciones móviles que mejoren la experiencia de viaje del usuario, incluyendo el pago, eventuales esquemas de fidelización y, a medio plazo, esquemas más amplios de multimodalidad como ya han hecho algunas ciudades europeas.
  • Como tercer eje de la transformación digital, la mejora del servicio propiamente dicho a través de una gestión inteligente en tiempo real basada en la inmensa cantidad de datos que se generan en torno al transporte urbano. Y no solo el del sistema público: subir a este big data de movilidad urbana a entidades privadas (desde Uber hasta los operadores de telecomunicaciones) multiplica las posibilidades.

Estos desafíos no dejan de ser, en cualquier caso, una parte del problema. Cómo se enmarca Transantiago en la movilidad urbana de Santiago es una discusión mucho más amplia, que debe considerar desde elementos que no estaban presentes durante el diseño inicial (ride-sharing o bike-sharing) hasta intervención en los espacios de movilidad privada (con medidas desincentivadoras del uso del auto propio). Pero eso da para otro artículo distinto.

Con todo, a mi juicio, Transantiago debe enfrentar un reto mucho mayor que cualquiera de los anteriores: el uso indiscriminado y permanente, por parte de autoridades, legisladores y medios de comunicación, de su nombre como sinónimo de fracaso en las políticas públicas.

No. Nos pongamos como nos pongamos, hoy Transantiago no es ningún desastre (o, como mínimo, no en comparación con su entorno más inmediato). Hace tres años fue catalogado como el mejor sistema de transporte público de las grandes ciudades latinoamericanas, en el puesto 30 de un total de 84 ciudades en el mundo. Ni siquiera el enorme subsidio que requiere se aleja de lo habitual en Europa o Estados Unidos, siempre por encima de la mitad del costo operativo del servicio.

Hay muchos problemas serios e inmediatos. Muchos desafíos de corto y medio plazo. Pero, mientras sigamos asociando los términos Transantiago y fracaso, mientras “otro Transantiago” sea sinónimo de descalificación, estaremos allanando un poco más el camino de la profecía autocumplida hacia el desastre.

No dejemos que Pigmalión se ponga al volante de los buses del Transantiago.

[Acreditación de la imagen de cabecera]

El próximo Uber... ¿la Administración Pública?



Según The Guardian, 250.000 puestos de trabajo en el sector público del Reino Unido (sobre un total de algo más de cinco millones) están en riesgo de aquí a 2030 por la automatización, los robots y la inteligencia artificial.

Según The Guardian, 850.000 puestos de trabajo en el sector público del Reino Unido (sobre un total de algo más de cinco millones) están en riesgo de aquí a 2030 por la automatización, los robots y la inteligencia artificial.

No, no me he liado con el copy-paste. En apenas cuatro meses, dos estudios arrojan las cifras de las que se hace eco el medio inglés. El primero y más reciente, del think tank británico Reform, cifra el ahorro presupuestario por la reducción de empleo en unos 4.000 millones de libras anuales; el segundo, de la Universidad de Oxford y Deloitte, eleva el recorte a 17.000 millones de libras anuales.

La cuantitativa, siendo muy sustancial, no es la única diferencia significativa entre ambos informes. Según Deloitte, por ejemplo, los empleos en el NHS (Servicio Nacional de Salud) estarían “relativamente protegidos”, mientras Reform los amenaza en decenas de miles. Solo hace falta leer alguna noticia reciente para estar del lado de esta segunda opinión.

Del mismo modo, y también me convence, Reform piensa que el 90% del personal que atiende al público podrá ser reemplazado por chat bots, en tanto Deloitte considera que los puestos que tienen que ver con la atención al público se verán menos afectados.

La divergencia de visiones y cifras pone de manifiesto la dificultad de establecer predicciones en este terreno. Sin embargo, tomando como referencia a Brynjolfsson y McAfee, son las tareas rutinarias y eminentemente intelectuales las más amenazadas por la automatización: precisamente, el tipo de tareas que desempeñan buena parte de los funcionarios públicos.

Por tanto, cifras y plazos al margen, parecería que tanto Reform como Deloitte aciertan en la tendencia. Tendencia, por cierto, más acusada en la medida en que los diferentes gobiernos vayan terminando con la tiranía del papel.

Pareciera que el camino es imparable, pero surgen necesariamente las preguntas: ¿intentará la dirección política gestionar la transición de la manera más beneficiosa para el ciudadano o buscará la (inútil) manera de poner puertas al campo? ¿se antepondrá la preservación del empleo en un entorno fuertemente sindicalizado o se priorizarán unos servicios públicos de más calidad, más inteligentes y más eficientes en lo económico? ¿se habilitarán medidas de capacitación y reubicación laboral de los funcionarios afectados? ¿se anticiparán por fin los cambios que se vienen en el largo plazo o se seguirá gestionando a golpe de coyuntura? ¿se habrá equivocado Asimov también con la llegada de los robots a lo público?

[Nota al margen: interesantísimo el informe de Reform, que bien se merece una lectura. Como muestra, la siguiente cita para cerrar el artículo.]


The report finds that the current workforce is a legacy of past approaches. It is built around siloed attitudes of yesterday’s governments and fails to embrace technology and new ways of working to meet users’ needs in the most effective ways. A traditionalist mentality fails to cultivate a culture of change: mistakes are covered up, risk-aversion is rife and leaders have not built the workforce around the needs of users.

[Atribución de la imagen de cabecera]