Regulando Uber en Chile: alguna luz y varias sombras

El Legislativo chileno se encuentra discutiendo un proyecto de ley para regular la actividad de Uber, Cabify y demás plataformas de similar naturaleza, hasta ahora operando, como en tantos otros lugares, en un espacio de alegalidad.

Que Chile opte por la regulación frente a la (inútil, por otra parte) prohibición es una noticia positiva desde cualquier perspectiva. Además, el proyecto de ley entra a cubrir aspectos básicos de cualquier servicio, como un registro de entidades que operan bajo este modo, un régimen de control y sanciones o, en este caso particular, la exigencia de determinado tipo de licencia a los conductores.

Encuentro particularmente positiva la obligación de ceder datos generados durante los viajes al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que pueda ser usada en “la gestión del tráfico y en el diseño de nuevas políticas para el transporte de pasajeros”. La información generada por miles de vehículos circulando por las calles de las ciudades puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones en la mejora de la movilidad urbana.

Sin embargo, hay aspectos del proyecto que no se soy capaz de entender. Uno de ellos, la “elitización” del servicio limitándolo a automóviles de alto estándar (“elevados niveles de confort y tecnología”), lo que parece un intento claro de limitar la competencia a los taxis a determinados segmentos de la población.

Y, sobre todo, la intervención en los precios estableciendo a los Uber y Cabify un pago regulado por kilómetro recorrido por sus vehículos, aludiendo a supuestas “externalidades negativas” sobre la congestión que se encuentran muy lejos de estar demostradas. En el marasmo de múltiples opiniones sobre este punto, un informe de la ciudad de Nueva York indica que el número de kilómetros recorridos no aumenta con este tipo de servicios: simplemente se distribuye entre modos. La Universidad de Arizona va más lejos e indica que el ride-sharing reduce la congestión.

Esta “tasa Uber”, además de impedir modelos que ya se están implantando de tarifa plana en movilidad urbana, se destina a un “fondo de innovación para el transporte remunerado de pasajeros” que, cuando se revisa la letra pequeña del proyecto, se evidencia como el pago del silencio del gremio de taxistas (ya que se destina a la renovación de taxis o a reducir el costo de las licencias).

Uno, que a veces es un iluso, pensaba que ese fondo de innovación iría destinado a desarrollar aplicaciones móviles para integrar la multimodalidad (incluyendo los taxis) en el comportamiento de los usuarios del transporte, para influir en sus patrones de movilidad. Como ya ha hecho Viena.

Pero la realidad es tozuda. Una vez más, en vez de favorecer la adopción de una tecnología que mejora las condiciones de servicio para los ciudadanos, penalizamos al innovador para que subsidie al incumbente, quien, irremediablemente (con el apoyo o sin el apoyo del legislador) se queda cada vez más obsoleto y está condenado a desaparecer.

Ojalá el Legislativo chileno haga primar, durante su debate, el interés ciudadano y la innovación tecnológica por encima de los intereses gremiales.

[Publicado originalmente en Linkedin el 29 de octubre de 2016]