Historias de la semana: desde Argentina hasta Irlanda, batallas y cambios inevitables

Si la modernización administrativa está costando sangre, sudor y lágrimas, si tiene que vencer resistencias pasionales, entonces el rediseño radical de la acción de gobierno que traerá la progresiva implantación de las tecnologías cognitivas promete emociones intensas.

En especial por el fuerte impacto que, previsiblemente, generará en el empleo público. Cientos de miles de funcionarios del Estado en el Reino Unido o hasta 1.200 millones de horas de trabajo en Estados Unidos pueden verse afectadas por esta uberización del servicio público. Paradójico cuando, en estos tiempos de atonía macroeconómica, en países como Chile es la Administración la que tira de las estadísticas salariales y laborales.

Es posible que todavía tengamos que esperar un tiempo para que el escenario anterior empiece a manifestarse significativamente. Bastante más probable es que sea en esos espacios entre lo público y lo privado en los que veamos un progreso tecnológico acelerado: por ejemplo en los aeropuertos, sobre la base de tecnologías biométricas para la seguridad o el embarque. O en los procesos logístico-aduaneros, en los que blockchain tiene un futuro prometedor, y cuya modernización efectiva tiene una importancia clave en la economía latinoamericana.

La participación pública en los procesos de adopción tecnológica por parte del tejido productivo – además, claro está, de en los suyos propios – debe tener un efecto adicional, considerando que la innovación de punta en las tecnologías emergentes en buena medida no reside en las grandes multinacionales, sino en las startups. Si los gobiernos latinoamericanos, de una vez por todas, adoptaran prácticas de compra pública de innovación, el emprendimiento de base tecnológica recibiría un impulso indudablemente mucho mayor que con las actuales políticas de fomento. Sí, una de las claves para que la innovación privada crezca reside en la compra pública (no perdamos de vista que la compra de bienes y servicios por parte del Estado explica entre el 10% y el 15% del PIB).

Treinta y cuatro startups por cada 100.000 habitantes. 146 nuevas startups diarias. Dos de cada tres nuevos empleos en empresas tecnológicas. No es el área de la Bahía de San Francisco, no. Es un pequeño país de verdes campiñas que atrae la mayor inversión en blockchain de Europa. Pese a sus escasos cinco millones de habitantes, Irlanda es un gigante europeo de la tecnología. El tamaño no importa.

Pero la realidad, lamentablemente, es otra en la mayoría de países. Mi abuela solía decir que “mucho ayuda el que no estorba”. Continuamente me acuerdo esa frase cuando leo noticia tras noticia sobre la patética actuación de unos gobiernos incapaces de entender que tratar de ponerle puertas al campo de la mano de los lobbies incumbentes y obsoletos no va a detener el progreso tecnológico; solo lo va a frenar en perjuicio de sus propios ciudadanos.

Un informe de la DG Grow indica que la economía colaborativa (yo prefiero llamarla economía P2P) suponía ya 4.000 millones de euros en la Unión Europea en 2015, duplicándose año a año. De mantener este ritmo, alcanzará un 6% del PIB europeo en 2020. Además, en países como Francia o Croacia, más del 10% de las personas han ofrecido servicios a través de plataformas como Uber o Airbnb. Más de una de cada diez.

Indica el Banco Mundial que, dado que las tecnologías siempre encuentran una manera de romper las barreras, las políticas diseñadas para facilitar la transición de los trabajadores desplazados hacia nuevos empleos y adaptar las instituciones del mercado laboral a las nuevas formas de trabajo son más efectivas para fomentar el desarrollo económico que las medidas regulatorias destinadas a prevenir cambios inevitables. O sea, lo de las puertas y el campo pero mucho mejor dicho.

Y hasta, quién sabe, puede que Uber se convierta en un aliado en la distribución de la carga impositiva que soportan unos y otros…

[Acreditación de la imagen de cabecera]