El sistema penitenciario en Latinoamérica: los desafíos de un problema invisible


Durante dos días he tenido la oportunidad de participar, invitado por el BID, en el taller de innovación "Cárceles más humanas - soluciones tecnológicas centradas en la rehabilitación de las personas". Una experiencia muy provechosa, fundamentalmente por la diversidad de perfiles, realidades y geografías presentes: autoridades de las instituciones penitenciarias de diferentes países latinoamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, El Salvador o Costa Rica), expertos europeos, representantes de empresas tecnológicas y de ONGs vinculadas a la reinserción de los egresados del sistema penitenciario. Intensas horas de reflexión colectiva que pusieron de manifiesto los importantísimos desafíos existentes y plantearon cómo la tecnología puede contribuir a resolverlos.

Quizás el principal problema que tiene el sistema penitenciario en América Latina es su invisibilidad. Y es invisible porque, pese a su importancia capital, ni a las autoridades políticas ni a los ciudadanos nos gusta mirar hacia él. No nos gusta conocer el insoportable nivel de hacinamiento en las prisiones. Ni que el 40% de los internos todavía no tienen una condena firme. Nos incomoda saber que más de la mitad de la población privada de libertad tiene problemas derivados de la droga o el alcohol, adicciones que persisten; que casi un tercio ya había sido condenada previamente, pero vuelve a delinquir porque no tiene oportunidades de insertarse socialmente.

Tampoco somos conscientes de que, en los últimos quince años, el número de privados de libertad en Latinoamérica se ha incrementado cerca de un 150% mientras los índices de criminalidad no descienden. Paralelamente, el populismo político penitenciario clama por un aumento de penas de prisión - tipología y duración - alentado por la opinión pública; aumento de penas que, bajo el esquema actual, no conducirán sino a mayor hacinamiento en las cárceles y a menores oportunidades de reinserción.

No nos gusta saberlo, pero el círculo vicioso Vulnerabilidad/Exclusión -> Delito -> Prisión -> Vulnerabilidad/Exclusión es un drama que afecta a 1,5 millones de familias en la región; un drama que seguirá creciendo si no se produce un cambio drástico de paradigma en la política penitenciaria, pasando de un foco de vigilancia y custodia a un foco de rehabilitación e inserción totalmente centrado en la persona.

Penal de La Esperanza, El Salvador. Foto: Pau Coll - RUIDO Photo
Es imposible enunciar en un breve artículo la totalidad de desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios latinoamericanos, pero sí me gustaría destacar algunos de los que se situaron en el centro del debate durante el taller, empezando por las condiciones de vida de los internos.

Cuantitativamente, la infraestructura carcelaria es insuficiente y obsoleta, generando escenarios de superpoblación - cuando no hacinamiento - agravados también por la exigua dotación de personal, lo cual redunda en situaciones de criminalización de delincuentes menores o inadecuado tratamiento de adicciones. Cualitativamente, la infraestructura está orientada a la custodia y la seguridad, mucho menos a la rehabilitación; de manera similar, en lo relativo a los funcionarios, el perfil policial y de vigilancia no está suficientemente balanceado con la dotación pertinente de profesionales educativos, sanitarios, de asistencia social o psicológica o, al menos, con una capacitación básica en estas materias. Conceptualmente, el énfasis se pone en la vigilancia y el control, cuando debiera estar situado en modificar conductas asociadas al riesgo delictual y en otorgar a los internos herramientas que faciliten su posterior reinserción.

Quizás el desafío mayor corresponda precisamente con la reinserción de los egresados del sistema, el que debiera ser su principal objetivo. Muchas mejoras son necesarias en la gestión de la transición entre la situación de interno y el egreso, en el acompañamiento activo del proceso de reinserción y en el seguimiento de largo plazo. En fin, en el diseño e implementación de políticas de inclusión post-penitenciaria que, por su propia naturaleza, deben ser de carácter marcadamente transversal, implicando a los servicios sociales, de empleo, de salud y de vivienda, entre otros.

Un tercer factor es la escasez y falta de calidad de la información con la que cuentan las autoridades para el ejercicio de su función. En no pocas ocasiones, hay carencias en datos elementales de gestión, como una identificación fehaciente y completa de la población penitenciaria o de todos los actos administrativos y judiciales vinculados a su condena, frecuentemente gestionados en papel y con rudimentarios esquemas de intercambio de información entre las instituciones implicadas. A partir de esta base tan frágil, usos más avanzados orientados al perfilamiento y conocimiento exhaustivo de los privados de libertad, para el diagnóstico y programación específica del trabajo con ellos, pese a ser esenciales, están todavía lejos de ser una realidad.

Pero, probablemente, el mayor desafío lo encontremos en el propio diseño de políticas. A día de hoy, es posible afirmar que la política penitenciaria en Latinoamérica es, en general, una política aislada basada en un modelo custodial y punitivo, en el que - salvo alguna excepción - tanto los mecanismos de reinserción como los sistemas alternativos de cumplimiento de penas (es cierto que motivados por una buena dosis de "pereza judicial") distan mucho de alcanzar el nivel de presencia y efectividad que sería deseable.

Es necesario y urgente un cambio paradigmático en la política penitenciaria, que debe pasar a ser un eslabón más de una política general de lucha contra el delito, que comienza en la prevención - muy vinculado al tratamiento de situaciones de vulnerabilidad y exclusión, con un importante factor intergeneracional - y termina en mecanismos activos de inclusión post-penitenciaria, ambos los dos principales focos de énfasis.

Estimaciones del BID sitúan el gasto penitenciario en América Latina en unos 14.000 millones de dólares anuales: una cantidad que, a la vista de los resultados y los desafíos pendientes, está muy malgastada. Y la responsabilidad no se encuentra, ni mucho menos, únicamente en las instituciones penitenciarias, que en muchas ocasiones pelean solas contra el citado populismo político penitenciario, la desidia judicial y una opinión pública que no mira, pero, cuando lo hace, es para echar más leña al fuego.

Un millón y medio de familias merecen una segunda oportunidad. Muchas de ellos se contentarían, al menos, con que les diéramos la primera.

Un "Ministerio de lo Digital" no es el camino


El mundo de esta primera mitad del siglo XXI viene caracterizado por el cambio. Por el ritmo del cambio, en una aceleración permanente, pero también por la complejidad e incertidumbre crecientes que incorpora.

Los gobiernos tienen que gestionar ciclos económicos más cortos, factores globales mucho más poderosos que continuamente amenazan con distorsionarlos, innovaciones tecnológicas disruptivas con un impacto enorme – inmediato y de largo plazo – en todos los ámbitos de la vida. En los países en desarrollo, estos desafíos vienen a sumarse a las carencias todavía por resolver en materias tan esenciales como las infraestructuras básicas, la lucha contra la pobreza, el desarrollo urbano o la educación, por citar solo algunos.

Al mismo tiempo, las expectativas del ciudadano crecen en relación con la prestación de servicios públicos de mayor calidad, que deben ser equiparables en su nivel de adopción tecnológica a los del sector privado. También demanda la ciudadanía resultados de gestión, participación y coherencia política, en un entorno en el que el ámbito de actuación de los gobiernos se hace más amplio, difuminando sus límites, y en el que el acceso a la información está, de forma inmediata, al alcance de la sociedad civil.

No resulta sencillo, desde luego, transformar las estructuras y dinámicas de gobierno para responder a las crecientes expectativas en un entorno de vertiginoso cambio. Transformarlas radicalmente, además, porque en las últimas décadas las administraciones latinoamericanas han respondido a duras penas al aumento en la complejidad de gestión que supone la multidimensionalidad de la acción de gobierno – las respuestas ya no son admisibles desde una visón sectorial, sino que en la mayoría de los casos requieren acción transversal –, la paulatina descentralización competencial y el propio crecimiento de estructuras administrativas.

Este último, el de la fragmentación institucional, es un problema que se ha venido agudizando durante los últimos años, en los que hemos asistido a la proliferación de estructuras verticales que ha venido a profundizar en la compartimentación de la gestión, cuando lo que la situación demanda es todo lo contrario: una visión holística y una fuerte coordinación de las políticas públicas.

Estos factores – rapidez del cambio, complejidad creciente de la gestión, expectativas ciudadanas al alza, inercia hacia la fragmentación institucional – implican que la aproximación tradicional a las estructuras de gobierno no sea útil para hacer frente a los desafíos del contexto digital.

Los Gobiernos necesitan ser capaces de responder a los nuevos retos y demandas de la sociedad de manera rápida, eficiente y efectiva; de anticiparse a los cambios promoviendo la acción legislativa adecuada; de transformar su manera de prestar servicio incorporando ágilmente las innovaciones tecnológicas a su operación; de mantener el acercamiento al ciudadano a través de la descentralización, recuperando la visión integral de la acción gubernamental.

En 2018, el hilo conductor de la acción transversal de gobierno no puede ser otro que lo digital. Plantear políticas públicas en salud, seguridad ciudadana, transparencia o movilidad urbana sin considerar como elemento nuclear el impacto de la inteligencia artificial, la analítica de datos o el Internet de las cosas es cerrar los ojos a los factores más influyentes hoy y, cada vez más, mañana. Hacerlo en educación, pensiones, empleo o transformación productiva es, sencillamente, no haber entendido las fuerzas que van a moldear el resto del siglo XXI.

Disponer de una arquitectura institucional que garantice esa consideración es, por tanto, indispensable para no perder el tren del futuro. Y, a mi juicio, esa arquitectura institucional debe cumplir cuatro requisitos.

En primer lugar, la condición sine qua non, el liderazgo al máximo nivel, el liderazgo presidencial. La magnitud de la transformación es tal y su impacto a todos los niveles tan profundo, que solo desde el liderazgo del máximo nivel político, solo desde el impulso presidencial, será posible alinear a todos los actores necesarios para afrontar el desafío de incorporarnos al futuro.

Después, una institucionalidad fuerte, pero no redundante ni sectorial. ¿Cómo materializar esta institucionalidad? Un “Ministerio de lo Digital”, si bien siempre es positivo que exista en tanto unidad ejecutora de ciertas políticas, no es la solución. Porque su propia existencia contribuye a aumentar la fragmentación y los enfoques sectoriales antes que transversales; porque lo digital tiene que estar plenamente imbricado en las diferentes políticas sectoriales, no impulsado o fiscalizado por un tercero; y porque ya existe el Centro de Gobierno, quien posee los mecanismos y capacidades de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar la visión integral y coherencia de la estrategia y su despliegue. Con un mandato inequívoco, en forma de Agenda Presidencial, y con los recursos humanos, económicos y normativos adecuados, el Centro de Gobierno es la institución transversal adecuada para conducir la acción de los diferentes ministerios sectoriales, sin que ello suponga en absoluto limitar su autonomía en la ejecución.

En tercer lugar, la asimilación de que el sector privado es un aliado, no un rival. En el diseño conjunto de las políticas, en la co-ejecución, en el monitoreo y, por supuesto, en la financiación.

Y, finalmente, unas estructuras operativas que garanticen la correcta ejecución de las políticas: el éxito de la acción de gobierno pasa, necesariamente, por garantizar la implementación de las políticas diseñadas. Y, lamentablemente, muchas veces se infravalora la dificultad de llevarlas a la práctica, de hacer que las cosas ocurran.

Latinoamérica, pese a todas las dificultades que enfrenta, es una región que prospera. Sin embargo, el nuevo contexto digital viene a generar una elevada situación de incertidumbre económica y social. Mantenerse anclados en los paradigmas del pasado, agarrarse al statu quo no puede ser una opción.  Solo queda afrontar con decisión el tránsito a la economía digital, reconociendo los riesgos que entraña, tratando de que el camino fortalezca a la Región y no deje a nadie olvidado. Y, en este contexto, la arquitectura institucional que guíe la acción de gobierno es absolutamente esencial.

La tecnología: punto de encuentro entre el desarrollo económico y el social


Dice el BID en su informe Panorama de las Administraciones Públicas de Latinoamérica y Caribe de 2017: “Las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos.” Tras señalar que América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo, concluye: “Los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.”

Efectivamente, los gobiernos latinoamericanos vienen articulando su agenda política en torno a dos grandes ejes, pero no han logrado que ambos dialoguen. Es más, en algunos casos (en las recientes presidenciales chilenas, sin ir más lejos) se presentan ante la ciudadanía en la discusión pública - equivocadamente - como prioridades contrapuestas y casi irreconciliables.

En una esquina del cuadrilátero se encuentra el conjunto de políticas sociales y de igualdad de oportunidades. La entrega de servicios públicos esenciales (educación, salud, justicia, seguridad…), la modernización del Estado en sentido amplio (transparencia, empleo público, descentralización, eficiencia…) y las políticas sociales propiamente dichas (familia y prestaciones sociales, empleo, pensiones…) conforman este gran epígrafe de la acción de gobierno.

En la opuesta, la agenda de crecimiento económico y competitividad, encaminada a acelerar la transición desde una matriz productiva basada en los recursos naturales hacia la economía digital basada en el conocimiento. Acá encontramos las políticas en materia de capital humano, productividad empresarial, innovación y emprendimiento, internacionalización económica, modernización del mercado laboral, etc.

Desde mi punto de vista, dos ejes de acción transversales – desarrollo tecnológico aplicado por una parte e impulso serio de la evolución a la economía digital por otra – serían la base no solo para potenciar individualmente cada uno de los dos grupos de políticas, sino para dar coherencia global y compatibilizar las agendas de desarrollo económico y social.

¿No es racional pensar que, por ejemplo, la transformación digital de la salud pública, además de mejorar sustancialmente la calidad de ésta, podrá inducir innovación y empleo cualificado y, en tanto problemática compartida en toda la Región, exportaciones de valor añadido?

La clave principal está en la acción transversal de gobierno

Pero la necesaria transversalidad choca de bruces con el funcionamiento en silos - descoordinados en buena parte de los casos, incongruentes y hasta contradictorios en no pocas ocasiones - de los diferentes ministerios y departamentos de gobierno. Transformar económica y socialmente un país requiere una mirada integral al impacto que la adopción creciente de tecnologías digitales puede generar en el mismo:

  • Desde una perspectiva completa de la Administración Pública, en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y acorde su peso en la economía del país (en torno al 25% del PIB).
  • Considerando las tecnologías digitales como palancas transversales de productividad y desarrollo económico y social.
  • Considerándolas, asimismo, como habilitadores esenciales en la mejora de la calidad y capilaridad de los servicios públicos.
  • Bajo un prisma de cooperación público-privada, como único mecanismo viable para el desarrollo digital de un país.
  • Y como política de impulso desde la demanda de una industria específica, la de las tecnologías digitales, llamada a cobrar un peso cada vez más relevante en la matriz productiva y laboral latinoamericana.

Sí, es imprescindible una evolución clara en la consideración de las políticas de desarrollo digital y modernización del Estado: es tiempo de que dejen de ser un capítulo más en programas y agendas y se conviertan en un instrumento efectivo para lograr un impacto transversal en la acción de gobierno. Lo cual, por cierto, nunca será posible sin un liderazgo claro en su diseño y ejecución, tanto orgánico como político y presupuestario: algo de lo que estamos muy lejos en la gran mayoría de los países.


Según mi manera de verlo, el enfoque adecuado para estas políticas debe combinar tres aproximaciones:

  • La pragmática, basada en la adopción de las tecnologías digitales en aquellos ámbitos (de servicio público y/o actividad económica) que se pueden beneficiar de la misma directamente y en el corto/medio plazo.
  • La audaz, basada en la búsqueda de espacios de transformación y leapfrogging, desde una mirada tanto de cambio de modelo productivo, exportación de valor añadido y apalancamiento en las ventajas comparativas del país, como de mejora radical de los servicios públicos.
  • La estructural, basada en establecer políticas transversales que sirvan como soporte de largo plazo a los diferentes ámbitos de actuación que se proponen seguidamente.

Los espacios para actuar

Así pues, tenemos hasta el momento las siguientes ideas: política integral y transversal al gobierno, liderazgo efectivo cercano a los centros de decisión y combinación de perspectivas pragmáticas, audaces y estructurales. Ahora bien, ¿cómo, a qué y cuándo aplicar esas ideas?

Para no hacer eterno este artículo, la respuesta a esa pregunta quedará para uno próximo. Simplemente introduzco en la siguiente figura un framework para las políticas de desarrollo digital que enmarca las ideas presentadas en los párrafos anteriores y que creo puede dar respuesta al desafío de ordenar la acción de gobierno en este ámbito:

  • Arquitectura institucional transversal al gobierno
  • Medidas basales o estructurales de medio y largo plazo
  • Iniciativas para la adopción y la innovación digitales (al igual que para el punto anterior, los contenidos de los cuadros son meramente ilustrativos)
  • Espectro de actuación que abarca desde los servicios públicos hasta la economía digital



Regreso al punto de partida. No, no es ni mucho menos imposible conciliar la búsqueda de la mejora de oportunidades y la reducción de la desigualdad con la transformación del modelo productivo y el impulso del crecimiento económico. Y, muy probablemente, la principal clave para lograr esa conciliación es la tecnología.

[Referencias de las imágenes: cabecera salud e intermedia industria 4.0]

Historias de la semana: desde Argentina hasta Irlanda, batallas y cambios inevitables


Esta semana, el Gobierno de Argentina lanzaba un ultimátum al papel, tras haber incorporado en tiempo record a 23 ministerios y otras 50 agencias públicas a la gestión documental electrónica. Parece que la batalla contra la tiranía del papel, en Argentina, la están ganando los buenos.

Si la modernización administrativa está costando sangre, sudor y lágrimas, si tiene que vencer resistencias pasionales, entonces el rediseño radical de la acción de gobierno que traerá la progresiva implantación de las tecnologías cognitivas promete emociones intensas.

En especial por el fuerte impacto que, previsiblemente, generará en el empleo público. Cientos de miles de funcionarios del Estado en el Reino Unido o hasta 1.200 millones de horas de trabajo en Estados Unidos pueden verse afectadas por esta uberización del servicio público. Paradójico cuando, en estos tiempos de atonía macroeconómica, en países como Chile es la Administración la que tira de las estadísticas salariales y laborales.

Es posible que todavía tengamos que esperar un tiempo para que el escenario anterior empiece a manifestarse significativamente. Bastante más probable es que sea en esos espacios entre lo público y lo privado en los que veamos un progreso tecnológico acelerado: por ejemplo en los aeropuertos, sobre la base de tecnologías biométricas para la seguridad o el embarque. O en los procesos logístico-aduaneros, en los que blockchain tiene un futuro prometedor, y cuya modernización efectiva tiene una importancia clave en la economía latinoamericana.


La participación pública en los procesos de adopción tecnológica por parte del tejido productivo – además, claro está, de en los suyos propios – debe tener un efecto adicional, considerando que la innovación de punta en las tecnologías emergentes en buena medida no reside en las grandes multinacionales, sino en las startups. Si los gobiernos latinoamericanos, de una vez por todas, adoptaran prácticas de compra pública de innovación, el emprendimiento de base tecnológica recibiría un impulso indudablemente mucho mayor que con las actuales políticas de fomento. Sí, una de las claves para que la innovación privada crezca reside en la compra pública (no perdamos de vista que la compra de bienes y servicios por parte del Estado explica entre el 10% y el 15% del PIB).

Treinta y cuatro startups por cada 100.000 habitantes. 146 nuevas startups diarias. Dos de cada tres nuevos empleos en empresas tecnológicas. No es el área de la Bahía de San Francisco, no. Es un pequeño país de verdes campiñas que atrae la mayor inversión en blockchain de Europa. Pese a sus escasos cinco millones de habitantes, Irlanda es un gigante europeo de la tecnología. El tamaño no importa.

Mientras otros países centran sus esfuerzos en hacer bonitos eventos en los que parezca que hay un vibrante ecosistema de emprendedores tecnológicos, otros, como Irlanda, se dedican a crearlo de verdad.


Pero la realidad, lamentablemente, es otra en la mayoría de países. Mi abuela solía decir que “mucho ayuda el que no estorba”. Continuamente me acuerdo esa frase cuando leo noticia tras noticia sobre la patética actuación de unos gobiernos incapaces de entender que tratar de ponerle puertas al campo de la mano de los lobbies incumbentes y obsoletos no va a detener el progreso tecnológico; solo lo va a frenar en perjuicio de sus propios ciudadanos.

Un informe de la DG Grow indica que la economía colaborativa (yo prefiero llamarla economía P2P) suponía ya 4.000 millones de euros en la Unión Europea en 2015, duplicándose año a año. De mantener este ritmo, alcanzará un 6% del PIB europeo en 2020. Además, en países como Francia o Croacia, más del 10% de las personas han ofrecido servicios a través de plataformas como Uber o Airbnb. Más de una de cada diez.


Indica el Banco Mundial que, dado que las tecnologías siempre encuentran una manera de romper las barreras, las políticas diseñadas para facilitar la transición de los trabajadores desplazados hacia nuevos empleos y adaptar las instituciones del mercado laboral a las nuevas formas de trabajo son más efectivas para fomentar el desarrollo económico que las medidas regulatorias destinadas a prevenir cambios inevitables. O sea, lo de las puertas y el campo pero mucho mejor dicho.

Y hasta, quién sabe, puede que Uber se convierta en un aliado en la distribución de la carga impositiva que soportan unos y otros…

Someone traveling from a wealthy neighborhood to another tony spot might be asked to pay more than another person heading to a poorer part of town, even if demand, traffic and distance are the same


[Acreditación de la imagen de cabecera]

Seis meses después... ultimátum argentino al papel


Hace unos seis meses, bajo el título Acabando con la tiranía del papel, contaba cómo el Gobierno de Argentina, partiendo de la experiencia adquirida durante la etapa de Mauricio Macri en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA), estaba iniciando una complicada batalla en búsqueda de la generalización del documento electrónico en la Administración Federal. Cerraba el artículo con la siguiente frase, no exenta de un mensaje crítico hacia aquellos empecinados en la reingeniería de procedimientos ad infinitum:

En fin, una experiencia merecedora de ser tomada como indiscutible referencia, por eficaz y por innovadora. Innovadora por ese foco en el documento, factor clave para terminar con la tiranía del papel. Y, de paso, con la tiranía del proceso.

Apenas medio año después, La Nación publicaba este fin de semana una nota con un titular elocuente: "Ultimátum a los organismos públicos que aún usan papel". El Ministerio de Modernización, al frente del proceso de despapelización, otorgaba un último plazo a un grupo de instituciones que todavía no se unen a los 23 ministerios y media centena de organismos descentralizados que ya emplean la gestión documental electrónica (GDE).

Y es que, pese a los rezagados, los números que acompañan al Plan de Modernización del Estado, poco más de un año después de su aprobación por decreto, son sobresalientes. Más de 1.500 expedientes incorporados a GDE, 12 millones de documentos digitales creados, por encima del millón de trámites gestionados, 85.000 funcionarios públicos usuarios del sistema, dos centenares de trámites disponibles en línea que han sido utilizados por 300.000 ciudadanos y empresas.

Otra particularidad muy relevante del proyecto de modernización argentino es la reutilización de soluciones. Además del GCABA y el Gobierno Federal, hasta siete provincias - algunas tan relevantes como Buenos Aires, Mendoza o Santa Fé - están en proceso de implantación del sistema de gestión documental electrónica, superando las tan lamentables como frecuentes barreras a la cooperación entre diferentes niveles del Estado.

Impulso político al máximo nivel, trabajo integrado entre los equipos legales y tecnológicos, y estrategia enfocada a un objetivo claro - la eliminación del papel, en detrimento en primera instancia de la optimización de procesos o de la puesta de servicios en línea - pero abordado integralmente, son las tres claves de un proceso modernizador sin parangón en Latinoamérica por su velocidad e impacto.

Citaba en el artículo anterior una frase acuñada por algunos de los integrantes del proyecto que lidera el Ministerio de Modernización, tan acertada como poética:

La reforma administrativa es una revolución paradigmática en cualquier gobierno y, como tal, siempre será pasionalmente resistida.

Bien, parece que la resistencia en la Administración Federal Argentina está siendo vencida. Aunque de vez en cuando sea necesario un ultimátum...

[Acreditación de la imagen de cabecera]

A los alcaldes sí les importa la tecnología (pero aún no lo saben)


A los alcaldes estadounidenses les importa muy poco la tecnología. Y, además, cada vez les importa menos. El informe State of the Cities 2017 que elabora la NLC (entidad que agrupa a más de 1.600 ciudades norteamericanas) lo deja muy claro: la tecnología y los datos son la menor de las preocupaciones de los alcaldes y, además, desciende sostenidamente en el escalafón por tercer año consecutivo.


Si buscáramos trasladar este mismo análisis a Latinoamérica, con necesidades básicas todavía lejos de ser cubiertas en buena parte de los casos, nos encontraríamos muy seguramente con la misma cruda realidad: a los dirigentes políticos no les importa la tecnología.

¿Seguro que no les importa?

Volvamos a echarle un vistazo al gráfico anterior. La principal preocupación de los mayors es el desarrollo económico. Y, si entramos a revisar el informe, vemos que dentro de este apartado aparecen en las dos primeras posiciones la creación de puestos de trabajo y la atracción de negocios.

Entonces, si no lo he entendido mal, en el mundo de la economía digital, en el nuevo escenario laboral que perfila la segunda era de las máquinas, la preocupación es enorme por los empleos, la actividad empresarial y el crecimiento económico. Pero la tecnología solo asoma allá por el vagón de cola. No está mal.

Esta desconexión entre el poder político y la nueva realidad económica cotidiana que esculpe el desarrollo tecnológico tiene su ejemplo paradigmático en la guerra del taxi: el empecinamiento en mantener un monopolio conceptualmente obsoleto por obra de la tecnología, a cambio de no enfrentarse al ruidoso lobby que lo respalda, no impide el lento declinar de un tipo de negocio en extinción en menoscabo de la calidad de servicio que reciben los ciudadanos. Lo decía ya muy bien Roger Senserrich hace cinco años:

El patrón esencial de muchas reformas que deberíamos ver es, en esencia, muy parecido a una hipotética reforma del sector del taxi. Un grupo de interés atrincherado con ingresos protegidos que vive protegido de la competencia gracias a mala legislación. 

Si en lo casi anecdótico observamos este inmenso desajuste entre la visión del siglo XX y la realidad del XXI, no cabe extrañarse de que – en lo verdaderamente estructural y esencial – ya haya quien habla de la nueva crisis urbana: el actual modelo de ciudades en el mundo desarrollado es una fuente de tensión cada vez más relevante de desigualdad social e, incluso, de pérdida de competitividad de las naciones.

Pero el desarrollo económico es solo una de las diez mayores preocupaciones de los alcaldes estadounidenses. La seguridad ciudadana, la educación, la infraestructura para el transporte, la energía y la salud – ámbitos todos ellos que no pueden concebirse a estas alturas sin una base eminentemente tecnológica – también desvelan sus noches, mientras vehículos autónomos y robots repartidores empiezan a formar parte del paisaje urbano.


No, no es que a los dirigentes públicos no les importe la tecnología. El verdadero problema es que no saben que les importa, que les tiene que importar. Por el bien de todos, más vale que se vayan dando cuenta rápido…