España y la anormalización del transporte urbano

Asistimos estos días, en Madrid y Barcelona, a un nuevo episodio del empeño del sector del taxi por ponerle puertas al campo, colapsando ambas ciudades con una huelga indefinida coincidente con dos de los eventos de negocios más importantes que se celebran en ambas ciudades: Fitur y el World Mobile Congress, respectivamente. El espectáculo está siendo bochornoso.

Por una parte, un colectivo atrincherado en un esquema monopólico regulado, con ingresos protegidos y escudado normativamente ante la competencia, algo que pudo tener sentido en su momento pero que hace tiempo ha dejado de tenerlo. Y que plantea peticiones absurdas, como establecer un tiempo mínimo entre que se solicita el Uber/Cabify de turno y éste puede atender la petición (¡se habla de horas!). El siguiente paso lo dará el comercio pidiendo que Amazon tarde al menos tres días en realizar sus entregas.

De fondo, el verdadero motivo: la especulación y la consiguiente burbuja de las licencias de taxi, cuyo precio en el mercado secundario ha aumentado casi un 150% en Barcelona (ajustado por inflación), según este artículo de El Confidencial del cual he extraído la gráfica siguiente. Una burbuja concentrada en muy pocas manos: el monopolio dentro del monopolio. Una burbuja que solo se sostiene por una regulación que restringe artificialmente la oferta en un entorno de actividad que debería estar plenamente liberalizado (pero no lo está, como tantos otros en España).

Pero el mayor drama es la actuación de las diferentes administraciones, con independencia de la etapa de gobierno (éste es un problema enquistado desde hace ya varios años). Una actuación, desde mi punto de vista, cobarde y miope.

Cobarde porque cede, una vez más, ante las presiones del lobby incumbente para mantener sus prerrogativas; porque defiende los (supuestos) derechos de una parte en perjuicio de los de otra y, sobre todo, en perjuicio del interés general de los consumidores.

Cobarde, porque cada nivel de la administración trata de quitarse el problema de encima para endosárselo a otro. El marco jurídico español establece que la gestión de las licencias del taxi corresponde a los municipios. Hasta ahora, Uber o Cabify operan bajo licencias VTC (también restringidas en número), cuya gestión era competencia hasta la fecha del Ministerio de Fomento, quien muy hábilmente se la ha endosado a las comunidades autónomas vía decreto: ya no es mi problema, ahora es el tuyo. Si la solución no parecía sencilla, imaginemos en lo que puede derivar con una norma local en cada ciudad y diecisiete normas autonómicas diferentes. Esta situación solo admite una descripción: se está eludiendo la responsabilidad política que conlleva manejar una actividad vital en los entornos urbanos.

Miope, porque actúa a golpe de urgencia y de presión, pero sin atacar el problema de fondo: la existencia de un mercado artificialmente restringido sin un motivo para que sea así. Porque desaprovecha la oportunidad de transformar completamente el marco normativo eliminando las citadas restricciones e incorporando criterios justos y uniformes de tributación, seguridad, empleo, calidad y aprovechamiento de las posibilidades de la tecnología (a través de la explotación de los datos que esta actividad genera en provecho de la planificación de la movilidad urbana o de las posibilidades de mejora de la calidad del servicio que reciben los consumidores).

Miope, especialmente, porque renuncia a abordar integralmente uno de los principales problemas de la áreas metropolitanas: la movilidad. Las ciudades de todo el mundo asisten a una revolución tecnológica que presenta un inmenso potencial de mejora de las condiciones de movilidad, tanto de personas como de mercancías, que culminará con la cada vez más cercana llegada del vehículo autónomo. Las autoridades españolas no son capaces de verlo, de aprovechar la oportunidad que ello supone y de dos de sus derivadas inmediatas: el fortalecimiento del emprendimiento tecnológico asociado y el impacto ambiental.

Mi estado de frustración ante esta situación se eleva porque, coincidiendo con los días álgidos de la huelga, llegan a mis manos dos lecturas.

Por un lado, la consulta pública que la Autoridad de Transporte de Singapur ha lanzado para actualizar la normativa de lo que denomina transporte punto a punto (P2P). Un gobierno, el de Singapur, que lleva interviniendo activamente en la modernización del sector desde 1998, año en el que desregula tarifas para, en 2003, liberalizarlo completamente. Desde entonces, ha continuado avanzando en esta línea. En el texto sometido a consulta, la Autoridad de Transporte reconoce el importante rol del transporte P2P y cómo los viajeros se benefician de una oferta más adecuada a la demanda, al tiempo que los conductores tienen más opciones para emplearse. Todo ello, bajo el marco regulador adecuado.

Por otro, leo en TechCrunch un artículo titulado "Welcome to the abnormalization of transportation", del cual he tomado el título de este post y que relata cómo se está viviendo este mismo proceso en Estados Unidos. Comienza así:

Incluso sin coches voladores, Los Ángeles se encuentra en medio de una transformación radical en la movilidad. Todos los barrios, desde el centro hasta Silicon Beach, han sido alfombrados con bicicletas y scooters. La revolución de Uber y Lyft se enfrenta a la competencia de varios vehículos de dos ruedas y Via lanzará pronto su servicio de ridesharing. Flixbus apunta a la ciudad como su centro para el servicio de autobuses privados interurbano. Y el lujoso autobús de Cabin (en la foto) viene ofreciendo una alternativa premium a Megabus desde y hacia San Francisco desde hace ya meses.

Los Ángeles no es una excepción entre las ciudades norteamericanas. Al contrario, es Arizona quien se lleva la palma como laboratorio para el ensayo de innovaciones, particularmente del vehículo autónomo. El contraste es pavoroso.

El artículo cierra con tres recomendaciones destinadas a los responsables políticos para lograr sistemas de transporte más equitativos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Recomendaciones que harían muy bien en leer las autoridades españolas:

1. No está nada claro cómo estas tecnologías disruptivas y multimodales encajarán entre sí. Ni es sencillo determinar cuál es el marco normativo adecuado para gobernar este rompecabezas. Pero sobre lo que no hay la más mínima duda es sobre su potencial. Hay que experimentar, interiorizar que la certidumbre regulatoria es un problema en el contexto digital.
2. No hay que elegir entre ganadores y perdedores. Los únicos ganadores deben ser el ciudadano y el medio ambiente. Si alguien se ha dedicado a especular con licencias, en un mercado artificialmente restringido, deberá asumir las consecuencias. Debemos dejar que el mercado determine si estas tecnologías tendrán éxito y qué compañías deben implementarlas. Las ciudades deben desempeñar un papel de orquestador, facilitando las conexiones entre las nuevas tecnologías y la infraestructura de tránsito existente, estableciendo marcos justos pero flexibles. La alternativa es matar la innovación antes de que nazca.
3. Es necesario afrontar el desafío, no deshacerse de la responsabilidad asociada. El futuro de la movilidad urbana pasa por la innovación tecnológica. Es la apertura de miras, no las sanciones ni las restricciones, la que permitirá a las ciudades dar la bienvenida a este futuro del transporte y aprovechar todo su potencial transformador.

Los gobiernos - también los latinoamericanos - deben, de una vez por todas, tomar conciencia plena de la necesidad de una reflexión urgente y profunda sobre el impacto que las tecnologías disruptivas están ya teniendo en numerosos ámbitos, entre ellos el de la movilidad urbana. Deben desplegar una acción política enérgica, urgente y sostenida en el medio plazo. Y no, desde luego, enfocada a medidas impositivas o restrictivas que alejen la inversión en innovación y el empleo calificado hacia otras latitudes.