Historias de la semana: desde Argentina hasta Irlanda, batallas y cambios inevitables


Esta semana, el Gobierno de Argentina lanzaba un ultimátum al papel, tras haber incorporado en tiempo record a 23 ministerios y otras 50 agencias públicas a la gestión documental electrónica. Parece que la batalla contra la tiranía del papel, en Argentina, la están ganando los buenos.

Si la modernización administrativa está costando sangre, sudor y lágrimas, si tiene que vencer resistencias pasionales, entonces el rediseño radical de la acción de gobierno que traerá la progresiva implantación de las tecnologías cognitivas promete emociones intensas.

En especial por el fuerte impacto que, previsiblemente, generará en el empleo público. Cientos de miles de funcionarios del Estado en el Reino Unido o hasta 1.200 millones de horas de trabajo en Estados Unidos pueden verse afectadas por esta uberización del servicio público. Paradójico cuando, en estos tiempos de atonía macroeconómica, en países como Chile es la Administración la que tira de las estadísticas salariales y laborales.

Es posible que todavía tengamos que esperar un tiempo para que el escenario anterior empiece a manifestarse significativamente. Bastante más probable es que sea en esos espacios entre lo público y lo privado en los que veamos un progreso tecnológico acelerado: por ejemplo en los aeropuertos, sobre la base de tecnologías biométricas para la seguridad o el embarque. O en los procesos logístico-aduaneros, en los que blockchain tiene un futuro prometedor, y cuya modernización efectiva tiene una importancia clave en la economía latinoamericana.


La participación pública en los procesos de adopción tecnológica por parte del tejido productivo – además, claro está, de en los suyos propios – debe tener un efecto adicional, considerando que la innovación de punta en las tecnologías emergentes en buena medida no reside en las grandes multinacionales, sino en las startups. Si los gobiernos latinoamericanos, de una vez por todas, adoptaran prácticas de compra pública de innovación, el emprendimiento de base tecnológica recibiría un impulso indudablemente mucho mayor que con las actuales políticas de fomento. Sí, una de las claves para que la innovación privada crezca reside en la compra pública (no perdamos de vista que la compra de bienes y servicios por parte del Estado explica entre el 10% y el 15% del PIB).

Treinta y cuatro startups por cada 100.000 habitantes. 146 nuevas startups diarias. Dos de cada tres nuevos empleos en empresas tecnológicas. No es el área de la Bahía de San Francisco, no. Es un pequeño país de verdes campiñas que atrae la mayor inversión en blockchain de Europa. Pese a sus escasos cinco millones de habitantes, Irlanda es un gigante europeo de la tecnología. El tamaño no importa.

Mientras otros países centran sus esfuerzos en hacer bonitos eventos en los que parezca que hay un vibrante ecosistema de emprendedores tecnológicos, otros, como Irlanda, se dedican a crearlo de verdad.


Pero la realidad, lamentablemente, es otra en la mayoría de países. Mi abuela solía decir que “mucho ayuda el que no estorba”. Continuamente me acuerdo esa frase cuando leo noticia tras noticia sobre la patética actuación de unos gobiernos incapaces de entender que tratar de ponerle puertas al campo de la mano de los lobbies incumbentes y obsoletos no va a detener el progreso tecnológico; solo lo va a frenar en perjuicio de sus propios ciudadanos.

Un informe de la DG Grow indica que la economía colaborativa (yo prefiero llamarla economía P2P) suponía ya 4.000 millones de euros en la Unión Europea en 2015, duplicándose año a año. De mantener este ritmo, alcanzará un 6% del PIB europeo en 2020. Además, en países como Francia o Croacia, más del 10% de las personas han ofrecido servicios a través de plataformas como Uber o Airbnb. Más de una de cada diez.


Indica el Banco Mundial que, dado que las tecnologías siempre encuentran una manera de romper las barreras, las políticas diseñadas para facilitar la transición de los trabajadores desplazados hacia nuevos empleos y adaptar las instituciones del mercado laboral a las nuevas formas de trabajo son más efectivas para fomentar el desarrollo económico que las medidas regulatorias destinadas a prevenir cambios inevitables. O sea, lo de las puertas y el campo pero mucho mejor dicho.

Y hasta, quién sabe, puede que Uber se convierta en un aliado en la distribución de la carga impositiva que soportan unos y otros…

Someone traveling from a wealthy neighborhood to another tony spot might be asked to pay more than another person heading to a poorer part of town, even if demand, traffic and distance are the same


[Acreditación de la imagen de cabecera]

¿Comprar más barato es comprar mejor?


Leo en el principal diario chileno una noticia que hace referencia a un ahorro en el sistema de compras públicas de Chile del 7,7% en relación con el año 2015, algo más de 373 millones de dólares. El encabezamiento del texto no deja lugar a dudas: "mejores resultados" que el año anterior.

Es evidente la necesidad de ajustar al máximo el gasto público, en especial en momentos en los que, como le ocurre a Chile ahora mismo, alcanzar el balance fiscal no es tarea nada sencilla. Pero ¿es posible simplificar hasta el punto de que se considere comprar más barato como sinónimo de comprar mejor?

Pienso en cómo el Gobierno de Chile está comprando servicios de consultoría y tecnología. Fundamentalmente, y de manera creciente, abandonando las licitaciones públicas y empleando de manera masiva un convenio marco de desarrollo y mantención de sistemas informáticos en el que se encuentran homologadas unas cuatrocientas empresas. Un procedimiento administrativamente muy sencillo pero que sitúa todo el peso de la licitación en el precio. La consecuencia directa, como no podía ser de otro modo, es un descenso continuado de las tarifas a las cuales se adjudican los contratos.

¿Se están comprando servicios de desarrollo de software más baratos? Sin duda. ¿Se está comprando mejor? A mi juicio, se está comprando peor; claramente peor. Porque se eliminan de la ecuación - no solo en la adjudicación, sino también en la gestión de los proyectos - los planteamientos técnicos, la productividad de los equipos, la utilización de herramientas, el empleo de metodologías. Y, lo que es peor, se está expulsando del sector público al talento de las empresas de servicios tecnológicos, quienes prefieren asignar a sus mejores profesionales en sectores - banca, telecomunicaciones, industria - que remuneran mejor, crecientemente mejor. La consecuencia última, proyectos tecnológicos de peor calidad en el Estado.

Y es que no necesariamente la manera de comprar servicios tecnológicas debe guiarse por los mismos criterios con los que se compran sillas o material de oficina. No necesariamente comprar más barato es comprar mejor.

[Publicado originalmente en Linkedin el 16 de septiembre de 2016]

¿Y si la clave para aumentar la innovación privada estuviera en la compra pública?


Interesantísimo me ha parecido este artículo de José Manuel Martínez Fernández publicado en el Observatorio de Contratación Pública de España. Y aunque se refiere a Europa, plantea preguntas muy pertinentes para Latinoamérica.

La realidad indiscutible es que los países latinoamericanos están muy lejos de las referencias mundiales en materia de I+D, innovación y Ciencia y Tecnología. Da igual qué indicador tomemos, salvo honrosas excepciones los niveles son muy bajos comparados con estándares medios OCDE. Si tomamos como referencia el Global Innovation Index, el primer país de la región aparece en el puesto 42.

Y ello pese a que los gobiernos han ido tomando conciencia de la situación y articulando planes para cambiarla, dotando recursos económicos o incorporando decididamente estos temas en sus agendas de crecimiento.

No menos llamativa resulta la aportación privada al esfuerzo en I+D. En países como Chile es apenas un tercio del total, quedándose en un paupérrimo 0,1% del PIB. Resultan irónicas las quejas empresariales en relación con la productividad.

Volviendo al artículo de José Manuel Martínez, reflexiona sobre la "contratación pública estratégica" y su rol en el fomento de la innovación empresarial. Indica cómo la Estrategia Europa 2020 otorga a la contratación pública un papel clave en la implementación de las políticas de innovación de la Unión.

Se atreve incluso con cifras. Indica que con tan solo destinar el 3% del gasto en compras a Compra Pública de Innovación, se inyectarían al sistema tantos recursos como los previstos en el programa Horizonte 2020, la principal iniciativa europea de fomento de investigación e innovación.

Recoge, en fin, las siguientes palabras del Comisario Europeo de Industria y Emprendimiento: "Todas las autoridades públicas tienen la responsabilidad de favorecer la innovación cuando producen y consumen bienes y servicios."

¿Puede tomar Latinoamérica ejemplo de esta referencia europea? ¿Debe venir nuevamente el Sector Público a suplir un esfuerzo que no está tomando el privado? ¿Deben gestionarse las compras públicas con carácter "estratégico", más allá del mero aprovisionamiento para el Estado?

[Publicado originalmente en Linkedin el 5 de noviembre de 2015]