Chile ante el pasillo

[Autor: Carlos Figueroa. Fuente: Wikimedia Chile]

¿Qué país puede preservar sus libertades si a sus gobernantes no se les advierte, de vez en cuando, que su pueblo conserva el espíritu de resistencia?

La pregunta anterior se la hacen Daren Acemoglu (MIT) y James A. Robinson (Universidad de Chicago) en su libro El pasillo estrecho: Estados, sociedades y libertad, a lo largo del cual desarrollan la siguiente tesis: la libertad, la prosperidad y el bienestar solo evolucionan si se produce un delicado equilibrio – el pasillo estrecho – entre un Estado que controla la violencia, hace cumplir las leyes y proporciona servicios públicos esenciales y una sociedad que lo limita, lo controla y se enfrenta a él y a las élites políticas.

En otras palabras, “un Estado fuerte es necesario para una vida en la que las personas tienen poder para hacer elecciones y luchar por ellas. Una sociedad fuerte y movilizada es necesaria para controlar y encadenar al Estado fuerte.” Así, para que el Estado rinda cuentas es necesario que la sociedad se movilice y se implique activamente en la política.

Dicen Acemoglu y Robinson que es central que la sociedad se organice y, si hace falta, se rebele contra el Estado y las élites para defender y reclamar lo que se le prometió, incluso “a través de medios no institucionales”.

HACE UN AÑO


Hace un año, el fin de semana del 18 de octubre de 2019, la sociedad chilena se rebeló contra el Estado. A un coste altísimo: dieciocho personas muertas y cerca de dos mil detenidos solo durante aquel fin de semana, cuantiosísimos daños materiales en todo el país y una fractura social muy difícil reparar.

En caliente, pocos días después, escribía un artículo sobre lo que, a mi juicio, habían sido los desencadenantes de aquel movimiento: la extrema desigualdad del país y un sistema que la fomenta (o, al menos, no la combate); un modelo productivo que no ha sabido evolucionar; una clase política alejada de la realidad (algo extensible a las élites económicas); y un deterioro democrático general, algo nada específico de Chile.

Algunos meses más tarde, tras leer Una teoría de la democracia compleja – Gobernar en el siglo XXI del filósofo político Daniel Innerarity, me di cuenta de que lo que ocurría en Chile respondía perfectamente a esa teoría de un desgaste de nuestros sistemas democráticos, concebidos “en la época de los estados nacionales, la organización jerárquica, la división del trabajo y la economía industrializada, un mundo que en buena medida ha quedado superado por la tecnología digital, deslocalizada, descentralizada, data-driven y estructurada en forma de red”.

Entre otros elementos de ineficiencia del sistema político que pueden generar una regresión democrática, Innerarity señala uno que caracteriza muy bien la situación en Chile:

El gran problema de nuestros sistemas políticos no es la inestabilidad en general sino aquella debida a que no se realizan los cambios necesarios.

A que no se realizan los cambios necesarios. A que el entramado político e institucional es, a efectos prácticos, una “vetocracia” en la que la posibilidad de bloqueo es infinitamente mayor que la capacidad de construcción, “para regocijo de aquellos a quienes beneficia el statu quo”.

Sea como fuere, el resultado de aquella movilización fue el inicio de un proceso constitucional – la vigente Constitución de Chile data de 1980, en plena dictadura de Augusto Pinochet – que este pasado domingo recibió un gran espaldarazo, con la apabullante victoria en el plebiscito convocado al efecto de los partidarios de redactar una nueva Constitución: un 78,3% frente al 22,7% que se opusieron.

Queda por delante un largo proceso de casi dos años: elección de la asamblea constituyente, redacción del nuevo texto y plebiscito ratificatorio. Pero ya se ha dado un paso de gigante. Dicen Acemoglu y Robinson que “la libertad casi siempre depende de la movilización social y de la capacidad para lograr un equilibrio de poder con el Estado y sus élites”. Esto es exactamente lo que ha pasado en Chile en el último año.

¿Y AHORA QUÉ?


De alguna manera, el camino recorrido estos últimos doce meses representaba el tramo fácil. Porque es más fácil identificar lo que no queremos que saber lo que deseamos; hay más rechazo que elección, más descarte que preferencia.

El problema es que Chile hoy, más que estrategias de cambio, lo que tiene son, en palabras de Innerarity, “gestos improductivos, una agitación que es compatible con el estancamiento, escenificaciones sin consecuencias, impulsos estériles, falsos movimientos”; más que liderazgos que intenten encauzar el desorden, “simulacros de cambio, no solamente compatibles con la falta de cambio, sino en muchas ocasiones estimuladores para no cambiar porque ya hemos conseguido algo que se le parece”.

Presenta, además, una polarización que no hace sencillo construir. Las élites conservadoras – las tres comunas – ignoran con demasiada facilidad las asimetrías del poder constituido y tienen demasiado miedo a las posibilidades que abre cualquier proceso constituyente, cualquier intervención abierta del pueblo; de ahí su escaso entusiasmo ante las reformas constitucionales, los movimientos sociales, los plebiscitos o la participación en general, como acaba de quedar de manifiesto. Los populistas, por el contrario, acostumbran a sobrevalorar esas posibilidades y a desentenderse de sus límites y riesgos. Unos dan las alternativas por imposibles y otros, por evidentes. Para los primeros, cualquier cosa que se mueva es un desbordamiento; para los segundos, la espontaneidad popular es necesariamente buena.

¿Cómo abordar entonces esta nueva etapa de construcción? Asumiendo que el futuro requiere un equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad. Que el Estado y sus élites deben aprender a vivir con las cadenas que les impone la sociedad y diferentes sectores de la sociedad tienen que aprender a trabajar juntos a pesar de sus diferencias.

Entendiendo que es en este balance, en este pasillo estrecho, donde el Estado y la sociedad se equilibran mutuamente. Y que este equilibrio “no tiene que ver con un momento revolucionario. Es una lucha constante y diaria entre los dos. Esta lucha aporta beneficios. En el pasillo, el Estado y la sociedad no sólo se enfrentan, también cooperan. Esta cooperación genera en el Estado la capacidad de proporcionar cosas que la sociedad quiere y fomenta una mayor movilización social para controlar esta capacidad”.

¿Estará Chile a la altura del desafío planteado por Acemoglu y Robinson? ¿Será capaz de mantenerse en el pasillo, garantizando el equilibrio entre “unas instituciones estatales poderosas y centralizadas y una sociedad asertiva y movilizada capaz de resistir ante el poder del Estado y de encadenar a sus élites políticas”?

Vienen unos meses decisivos para el futuro del país. Un futuro que pasa por que todos entendamos que el alcance de la nueva Constitución depende mucho menos de lo que en ella esté escrito que de la capacidad de la gente corriente para construirla y defenderla. Veamos si somos capaces de interiorizarlo.

La situación de Chile desde una teoría de la democracia compleja

[Autor: Carlos Figueroa. Fuente: Wikimedia Chile]

Acabo de terminar la lectura de “Una teoría de la democracia compleja – Gobernar en el siglo XXI”, de Daniel Innerarity, catedrático de filosofía política y social en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática.

El libro comienza con una frase demoledora
La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción o la ineficiencia, sino la simplicidad.

y, en respuesta crítica a la “rebelión contra la complejidad” que caracteriza a la política dominante hoy día, busca elaborar una teoría de la democracia compleja. Durante la obra, profundamente conceptual, por momentos ardua, Innerarity reflexiona sobre los cambios que deben producirse en nuestros sistemas democráticos para ser funcionales a la realidad actual.

Aborda perspectivas múltiples e interrelacionadas, desde la aceleración del presente “que disminuye la constancia de las premisas sobre las que se asienta nuestra visión de la realidad y a partir de las cuales adoptamos las decisiones” hasta el cambio profundo de nuestras sociedades: “la maquinaria de la democracia moderna fue construida en la época de los estados nacionales, la organización jerárquica, la división del trabajo y la economía industrializada, un mundo que en buena medida ha quedado superado por la tecnología digital, deslocalizada, descentralizada, data-driven y estructurada en forma de red”.

En definitiva, trata de elaborar un marco conceptual que nos ayude a abordar una discusión inevitable para nuestra salud democrática:
Este es el gran debate de los años venideros: cómo asegurar la vigencia de los valores democráticos en unos nuevos entornos tecnológicos que de entrada parecen ponerlos en riesgo y a cuyas ventajas no sería muy inteligente renunciar.

Es posible que más adelante escriba sobre las – muchísimas – reflexiones a las que incita el libro. Pero quiero quedarme aquí con lo que, a mi juicio, es un magnífico retrato de la situación que atraviesa Chile desde el mes de octubre pasado.

Me ha parecido extraordinariamente llamativo cómo es posible trazar una semblanza tan acertada desde lo conceptual y lo teórico, desde lo abstracto y lo filosófico, desde la distancia. Pero lo cierto es que es posible, tanto que me atrevo a estructurar ese dibujo en tres momentos: las causas de la movilización, el desorden del impulso cívico y los riesgos del proceso constituyente.

Las causas

Dice Innerarity que, tras el descrédito de la democracia, lo que hay es debilidad política, falta de confianza, negativismo de los electores y oportunismo de los agentes políticos. Hay un problema de desconfianza: se ha sobrepasado un umbral por encima del cual las democracias no pueden funcionar aceptablemente.

Incide en que hay una conexión directa entre la ineficiencia del sistema político y la creciente insatisfacción ciudadana que puede originar una regresión democrática: “si nuestros sistemas políticos se muestran incapaces de resolver los problemas de la desigualdad, de garantizar la seguridad sin comprometer los derechos humanos o promover el crecimiento económico, la posibilidad de confiar en quien prometa esos resultados sin preocuparse demasiado por los formalismos democráticos está siendo una tentación irresistible en muchos lugares del mundo” (según el Latinobarómetro 2018, en algunas circunstancias el 15% de los latinoamericanos preferirían un gobierno autoritario a uno democrático). Y, finalmente, señala:
El gran problema de nuestros sistemas políticos no es la inestabilidad en general sino aquella debida a que no se realizan los cambios necesarios.

A que no se realizan los cambios necesarios. A que el entramado político e institucional es, a efectos prácticos, una “vetocracia” en la que la posibilidad de bloqueo es infinitamente mayor que la capacidad de construcción, “para regocijo de aquellos a quienes beneficia el statu quo”.

El impulso cívico

El detonante del cambio en Chile ha sido el impulso cívico. Un movimiento que ha sido capaz de disparar un proceso constituyente pero que ha tenido una dramática contrapartida en términos de vidas humanas y, también, de impacto económico y de erosión de los ya escasos puentes de diálogo existentes. Y es que buena parte de los fracasos de la política y su particular impotencia tienen que ver con que el impulso cívico no ha tenido quien lo articule políticamente.

Ninguno de los agentes políticos chilenos ha sido capaz de articular “dos lógicas distintas que deben combinarse, pero ninguna de las cuales está en condiciones de sustituir a la otra: la de la espontaneidad social que protesta o exige y la lógica política que racionaliza y pone en práctica”. Es más fácil identificar lo que no queremos que saber lo que deseamos; hay más rechazo que elección, más descarte que preferencia.

El problema es que Chile hoy, más que estrategias de cambio, lo que tiene son “gestos improductivos, una agitación que es compatible con el estancamiento, escenificaciones sin consecuencias, impulsos estériles, falsos movimientos”; más que liderazgos que intenten encauzar el desorden, “simulacros de cambio, no solamente compatibles con la falta de cambio, sino en muchas ocasiones estimuladores para no cambiar porque ya hemos conseguido algo que se le parece”.
La agitación social es mucho más atractiva que la disciplina burocrática.

El plebiscito y el proceso constituyente

En poco más de un mes, el 26 de abril, se celebrará el plebiscito que, en el probable caso de que venza el “Apruebo”, dará inicio a un proceso constituyente. Y sobre esta trayectoria también es posible encontrar mensajes que muy bien harían en considerar los agentes democráticos del país.

En primer lugar, rescato un mensaje que creo que resume perfectamente la actitud de las élites políticas chilenas en estas semanas previas y que, por acertado, reproduzco literalmente:
Los conservadores ignoran con demasiada facilidad las asimetrías del poder constituido y tienen demasiado miedo a las posibilidades que abre cualquier proceso constituyente, cualquier intervención abierta del pueblo; de ahí su escaso entusiasmo ante las reformas constitucionales, los movimientos sociales, los plebiscitos o la participación en general. Los populistas, por el contrario, acostumbran a sobrevalorar esas posibilidades y a desentenderse de sus límites y riesgos. Unos dan las alternativas por imposibles y otros, por evidentes. Para los primeros, cualquier cosa que se mueva es un desbordamiento; para los segundos, la espontaneidad popular es necesariamente buena.

En segundo lugar, el autor desarrolla una profunda crítica a la insuficiente componente deliberativa de la democracia directa y de las formas plebiscitarias, tildándolas de “instrumentos de carácter apolítico” que gozan de mayor prestigio del que se merecen, que forman parte de ese tono general de democracia sin política que nos caracteriza y que nos hace calificar de pantomima “cualquier proceso político del que no resulte un campo de batalla sembrado de cadáveres y con unos pocos que se alzan con la victoria total”.

Por ello, otorga la razón a los conservadores “cuando critican a quienes parecen considerar la democracia como una sucesión de big bangs constituyentes” si bien establece que “su obsesión con la estabilidad se ha revelado paradójicamente como la mayor fuente de inestabilidad”, tachándolos de ventajistas:
Los que velan celosamente por el orden establecido aprovechan este momento para argumentar que cualquier modificación debe llevarse a cabo a través de los cauces legales establecidos, pero no nos dan ninguna respuesta a la pregunta acerca de qué hacer cuando ese marco predetermina el resultado. La legalidad es un valor político cuando incluye procedimientos de reforma de resultado abierto; si no, apelar a ella es puro ventajismo.

En fin, cierro con una última reflexión que, en última instancia, es la que debiera ser considerada por unos y otros, desde la prudencia y la altura de miras, con independencia del resultado que se produzca el 26 de abril. Pero, no sé por qué, me temo que estas lecciones de teoría democrática no van a encontrar entre la clase política chilena a sus alumnos más aventajados.
Solo quien haya entendido que las instituciones democráticas tienen su justificación en la igualdad y no en el mero orden o en el mero cambio será capaz de pensar la democracia fuera del marco mental que unos y otros quieren imponernos.

Chile: finales de octubre de 2019


[Fotografía: Elvis González para EPA / The Guardian]

[20 de octubre de 2019]

Comienzo a escribir estas líneas el 20 de octubre de 2019 en Santiago de Chile. Es un agradable domingo de primavera: a las siete y cuarto de la tarde, con más de veinte grados, luce un sol radiante. Sin embargo, no estoy disfrutando de cualquiera de los parques santiaguinos ni de su perspectiva sobre la cordillera de los Andes, todavía con nieve; me siento delante del computador en el salón de mi domicilio de Las Condes, una de las comunas de la ciudad que – junto con Lo Barnechea y Vitacura – conforman lo que se denomina el “barrio alto”: el lugar en el que vivimos, trabajamos y nos divertimos las clases acomodadas, casi siempre de espaldas a la realidad del resto del país.

No estoy encerrado en casa porque quiera: el General Iturriaga – Jefe de la Defensa Nacional en el estado de emergencia que rige desde ayer – ha decretado el toque de queda. Mis libertades están restringidas de tal forma que ni siquiera puedo salir a la calle a disfrutar del sol dominical. En 2019. En Chile.

Ya oscurece. En televisión, el Presidente Piñera interviene. Todavía en medio de fuertes disturbios, lejos de lanzar un mensaje de unidad o de asumir responsabilidades, dice: “estamos en guerra frente a un enemigo poderoso”. Pocas horas más tarde, el General Iturriaga se verá obligado a afirmar que él no está en guerra con nadie. El hashtag #NoEstamosEnGuerra se hace viral.



[21 de octubre de 2019]

Regreso a casa tras una jornada atípica de trabajo en una ciudad semidesierta. Al salir del Metro, que opera una sola de sus líneas al 20% de capacidad, me cruzo con tanques del Ejército y soldados fuertemente armados que observan a varios cientos de ciudadanos en plena cacerolada. En dos horas comenzará un nuevo toque de queda.

Las revueltas que se produjeron durante el fin de semana copan los medios de todo el mundo. Arrecian desde todas partes las críticas al Gobierno por su nefasta gestión de la crisis. Da la sensación, en cualquier caso, de que lo peor ha pasado. El costo es altísimo: 18 personas muertas, cerca de dos mil detenidos, cuantiosísimos daños materiales en todo el país y una fractura social que va a ser muy difícil reparar.

La historia económica de Chile en las últimas cuatro décadas es, sin lugar a dudas, un éxito. Partiendo de una posición muy rezagada en el momento en que el golpe de estado de Pinochet derroca al gobierno de Salvador Allende, es hoy el país latinoamericano con mayor ingreso per capita, se acerca en no pocos aspectos a estándares europeos, es miembro de pleno derecho de la OCDE, se encuentra abierto plenamente al comercio internacional y su índice de pobreza por ingresos se desplomó del 40% al 9% en treinta años (aunque según otros índices multidimensionales esta cifra se eleva al 20%).

De la mano de las recetas neoliberales de los Chicago boys, desde los setenta Chile diseña y pone en marcha políticas que, apoyadas en la riqueza en recursos naturales del país, provocan este milagro económico. Los parámetros macro del país y los indicadores medios o agregados (subrayo lo de medios o agregados) evolucionan de manera espectacular. Con la llegada de la democracia, los diferentes gobiernos de uno y otro color mantienen en lo esencial los principales pilares del sistema.

A lo anterior hay que añadir una estabilidad institucional totalmente excepcional en el contexto latinoamericano y una disciplina fiscal que se mantiene como un elemento clave de gestión pública, con independencia de la ideología del gobierno de turno. En este contexto, el pavoroso despliegue del populismo en Latinoamérica no es capaz de atravesar los Andes ni el desierto de Atacama.

Pero Chile es un país extremadamente desigual.

[22 de octubre de 2019]

La ciudad se va normalizando. Sigue sin haber colegio, pero algunos comercios y locales de hostelería abren sus puertas; hay más tráfico en la calle. El ejército sigue custodiando las entradas a las pocas estaciones de Metro operativas, pero con menor presencia que ayer. Las diferentes manifestaciones que se producen a lo largo y ancho de la ciudad son pacíficas. Llego a casa a las 19:58, dos minutos antes de la entrada en vigor de un nuevo toque de queda. Por el camino, me pregunto: ¿por qué tengo que caminar apresuradamente por la calle, casi correr, – el Metro cerró sus puertas a las 18:30, no hay taxis – con la presión de que, si me retraso un poco, voy a poder ser detenido?



El Presidente Piñera, tras  dialogar con los principales líderes de la oposición – aquellos que se acercan al Palacio de la Moneda a dialogar: algunos anteponen el interés partidista a la situación del país – anuncia una Nueva Agenda Social. Si bien aporta medidas positivas, como el incremento de la pensión básica solidaria en un 20%, del ingreso mínimo garantizado hasta los 350.000 pesos o un seguro de enfermedades catastróficas para limitar el techo de gasto de las familias en esta situación, es a todas luces insuficiente: un conjunto de fuegos de artificio de fácil digestión sin ninguna medida estructural.

Es más, pese a que el Ministerio de Hacienda indica que los recursos necesarios para dicha agenda rondarán los USD 1.200M, solo se plantea una minúscula alza tributaria a las rentas más altas por USD 160M (menos de un 0,1% del PIB), muy por debajo de los recursos necesarios para el plan anunciado que, necesariamente, exigirán recortes en otras áreas. Ni un solo atisbo de cambio estructural, ni de modificaciones sustanciales de la carga impositiva: más de lo mismo.

[23 de octubre de 2019]

Como consecuencia de los sucesivos toques de queda, las operaciones del aeropuerto de Santiago se han visto muy afectadas estos días, aunque ya casi están normalizadas. Debería haber viajado a Dallas por motivos laborales esta noche, pero mi vuelo se ha visto reprogramado a las once de la mañana. Nueve horas a bordo de un avión que me permiten pensar y escribir con calma.

¿Por qué ha explotado Chile? Se ha escrito mucho y muy bien al respecto (en The Guardian, El País o el New York Times, por solo citar algunos medios internacionales, y también en la prensa chilena, que no se caracteriza precisamente por ser crítica los poderosos), pero vaya aquí mi granito de arena.

1. LA EXTREMA DESIGUALDAD Y UN SISTEMA QUE LA FOMENTA (O AL MENOS NO LA COMBATE)

Chile es el país más desigual de la OCDE. Más incluso que México. Mucho más que Estados Unidos. Muchísimo más que cualquier país Europeo. Además, su sistema redistributivo fracasa totalmente en este aspecto, dado que el índice de Gini apenas varía después de impuestos y transferencias, algo que solo ocurre en México y Turquía a esa escala. El siguiente de gráfico de Our World in Data es elocuente.



Es decir, lo que hace que Chile sea un caso extraordinario no es tanto la desigualdad en sí misma, sino que el Estado chileno hace menos que cualquier otro desarrollado para reducir la desigualdad económica a través de impuestos y transferencias. Y este es uno de los motivos fundamentales por los que Chile es el país más desigual de la OCDE.

Algunas referencias adicionales: la mitad de la población gana 500 dólares o menos al mes y el 70% no llega a ingresar 800 mensuales. El quintil de menores ingresos no alcanza los 150 dólares mensuales. Las personas que se jubilan solo reciben un tercio de su ingreso promedio durante la vida laboral, una de las tasas más bajas de la OCDE.

Lo anterior se produce en un contexto de “privatización de la vida cotidiana”, en palabras del sociólogo de la Universidad de Chile Carlos Ruiz. El sistema de pensiones se basa en un sistema de cuenta individual que gestionan entidades privadas (AFPs), de la misma manera que las Isapres – también privadas – gestionan los seguros de salud. El acceso a la universidad genera elevados niveles de endeudamiento entre los estudiantes (deben en conjunto USD 4.500M), los servicios básicos se prestan a través de monopolios regulados que permiten rentabilidades elevadas y el carácter oligopólico de la oferta en general produce que, por ejemplo, los chilenos deban pagar los precios de los medicamentos más altos de Latinoamérica.

Quizás ahora se entienda mejor por qué tildo la Nueva Agenda Social de fuegos de artificio.

2. UN MODELO PRODUCTIVO QUE NO HA SABIDO EVOLUCIONAR

Chile es un país muy rico en recursos naturales. Es, de largo, el primer productor mundial de cobre, posee una de las principales reservas mundiales de litio, su industria agroalimentaria (fruta, salmón, vino entre otros) es fuertemente exportadora. Además, su privilegiada naturaleza le otorga una posición inmejorable en energías renovables (especialmente solar) o en observación astronómica.

La que ha sido una de las palancas principales al desarrollo económico de Chile es hoy, quizás, su principal problema. Por dos motivos. En primer lugar, el país no ha sido capaz de desarrollar una industria de valor añadido alrededor de los recursos naturales. Al contrario que Australia o Canadá, Chile exporta cobre, no minería. Y, en consecuencia, no le queda sino moverse al vaivén de los vientos de la coyuntura internacional. Mientras China crecía a altísimo ritmo y devoraba cualquier materia prima, todo iba bien. Ahora…

En segundo lugar, la economía crecía a tan buen ritmo que el país nunca tuvo la diversificación de su matriz productiva como una prioridad en su agenda. La inversión en I+D de Chile es un paupérrimo 0,35% del PIB, menos de un tercio proveniente del sector privado. La productividad está estancada, con la minera cayendo. La trampa de los ingresos medios ha devorado al país.

Es más, en el contexto de la digitalización acelerada, de la cuarta revolución industrial y de las tecnologías disruptivas, nada apunta a que la cosa pueda ser diferente. El Gobierno de Chile – como tantos otros – todavía no se ha dado cuenta de la urgencia de adoptar políticas transversales orientadas a crear las condiciones para anticiparse al nuevo contexto digital (las nuevas dinámicas de mercado, el impacto en los ámbitos laboral y educativo, las necesidades regulatorias), para darle forma al futuro inmediato antes de ser devorado por él, para establecer marcos suficientes que impulsen la competitividad y el crecimiento.

3. UNA CLASE POLÍTICA ALEJADA DE LA REALIDAD

Dice Lucía Dammert, socióloga de la USACH, que la brecha entre las élites políticas y los ciudadanos es uno de los principales elementos comunes en América Latina. Chile, por supuesto, no es ajeno a este hecho. Su clase política vive – o traslada la sensación de que lo hace – en una suerte de realidad paralela: hace apenas dos semanas, el presidente Piñera – una de las mayores fortunas del país – calificaba a Chile (no sin parte de razón, como veíamos antes) como “un verdadero oasis” en América Latina.

Esta desconexión de la realidad cotidiana resulta en declaraciones que demuestran la insensibilidad – no por incompetencia, sino por desconocimiento, desinterés o lejanía – hacia los problemas de la gente. Este mismo mes, cuatro días después de que las tarifas de la electricidad subieran un 10%, el Ministro de Hacienda invitaba a los románticos a regalar flores porque su precio había caído un 3,5%. A propósito del alza de los precios del Metro – detonante de las protestas –, el Ministro de Economía sugería madrugar para poder aprovechar la hora valle. Anecdótico, probablemente, pero significativo y desafortunado cuando la sociedad está al borde del hartazgo.

No es solo desconexión. Es también endogamia, como refleja muy bien este artículo de Daniel Matamala: dos tercios de los ministros del gabinete estudiaron en los seis mismos colegios católicos del barrio alto de Santiago; el ministro del Interior y mano derecha del presidente es su primo Andrés Chadwick.

Y, además de endogamia, algo a mitad de camino entre infalibilidad e impunidad. El propio ministro del Interior, máximo responsable de la seguridad del país, considera que no tiene ninguna responsabilidad política en lo acontecido.



4. EL DETERIORO DEMOCRÁTICO GENERAL

Este factor tampoco es exclusivo de Chile, un país en el que vota el 49% de la ciudadanía. El Latinobarómetro 2018 muestra el declive del apoyo a la democracia en la región, otorgado por menos de la mitad de los latinoamericanos (un 48%).

Pero sí es interesante el matiz que incorpora Juan Pablo Luna: la desigualdad ante la que protestan los chilenos no es solo ni principalmente la socioeconómica.

Es también la desigualdad ante la ley y la percepción, recurrente, de injusticia y abuso entre quienes viven muy cerca en términos físicos, pero a décadas de distancia en términos de las garantías que poseen respecto a sus derechos básicos de ciudadanía civil y social.

Paradójicamente, el sensacional esfuerzo de despliegue de la red de Metro por la ciudad, ha acortado las distancias físicas y temporales entre los desiguales, contribuyendo acercar y visibilizar las enormes desigualdades existentes en Santiago.

En fin, fenómenos globales como la fatal combinación entre la creciente capacidad manipuladora de las redes sociales y buena parte de los medios, por una parte, y la enorme incultura política de buena parte de la ciudadanía, por otro, no son en absoluto de ayuda. Como no lo es un aspecto particular del sistema de gobierno chileno: un período presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección, lo que exacerba – si cabe – el cortoplacismo político.


[Fotografía: Mauricio Osorio]

¿Mi conclusión? Lo ocurrido estos días ha abierto una cicatriz profundísima en la sociedad chilena que no va a ser fácil cerrar. Pero la buena noticia es que, con todo, el país está en una excelente posición – no un oasis, pero sí un punto de partida muy sólido – para diseñar, construir e incorporar los elementos necesarios para, en terminología muy chilena, nivelar la cancha. Para ello, solo es necesaria una condición, aunque no menor: la altura de miras y el sentido de Estado de la clase política.

Hace apenas cinco días – ha parecido un mes – la subida de 30 pesos (4 céntimos de euro) del precio de un billete de Metro generó un estallido social sin precedentes en la historia democrática de Chile. Ojalá sirva para sentar las bases de un país mucho mejor de lo que ya es.

[Leo a través de la WiFi del avión que hoy, a partir de las 22:00, habrá un nuevo toque de queda en Santiago: el quinto consecutivo.]

BioHIC, Hub de Salud de Concepción: la fuerza de la colaboración, la fuerza de la innovación


La región del Biobío, ubicada en el centro-sur de Chile, es la segunda más poblada del país – tras la Metropolitana de Santiago – con alrededor de dos millones de habitantes, de los que aproximadamente la mitad viven en su capital, el Gran Concepción, también la segunda aglomeración urbana tras Santiago.

El área portuaria de Talcahuano alberga importante industria pesada – siderúrgica y astilleros –, mientras el resto de la actividad es esencialmente pesquera, agrícola y forestal. En términos de PIB per cápita, el Biobío se sitúa en la mitad inferior de las regiones chilenas.

En este contexto geográfico y económico, durante los últimos meses se ha venido gestando una alianza público-privada en torno a la innovación tecnológica llamada a jugar un papel muy importante en la transformación del modelo productivo del Biobío. Ahora, el resultado de este trabajo conjunto se ha hecho visible.

Ayer nació BioHIC (Biobío Health Innovation Center), el Hub Digital de Salud de Concepción. Un polo de innovación abierta que aglutina, en torno al Hospital Guillermo Grant Benavente (el hospital público más grande de Chile, con mil camas y un área de influencia de dos millones de personas), a las seis universidades públicas y privadas más importantes de la ciudad, al tejido emprendedor del Biobío y a everis. Su propósito: innovar en tecnologías de la información aplicadas a la Salud para convertir al Grant Benavente en el primer hospital digital de Chile.


Con el apoyo del Ministerio de Economía de Chile a través de CORFO, BioHIC parte con el objetivo de apostar por la innovación en el sector de la salud e impulsar el ecosistema de emprendedores regional y nacional, una línea de acción más para el desarrollo productivo de industrias digitales inteligentes. Con dedicación exclusiva a desarrollos tecnológicos en el sector, se pretende que BioHIC se posicione como un polo de innovación en Salud referente para Chile y toda América Latina.

BioHIC nace con un propósito: innovar en tecnologías de la información aplicadas a la Salud para convertir al Grant Benavente en el primer hospital digital de Chile.

El Hub de Salud de Concepción es el segundo nodo de la red de polos de innovación tecnológica que everis impulsa en toda Latinoamérica, tras el Hub Digital de Temuco, proyecto exitoso que ya genera 400 empleos calificados en la Araucanía y exporta el 70% de su producción, situando a Temuco como en el centro de la economía de servicios de alto valor que trata de impulsar el Gobierno de Chile.


Ambas iniciativas tienen un punto en común, decisivo además tanto en su concepción como en su posterior desarrollo: la cooperación entre el Gobierno, la Academia y la empresa privada. Sí, por sorprendente que parezca, la triple hélice puede girar cuando existen las voluntades.

Si en Temuco la Macrofacultad de Ingeniería que conforman las universidades de La Frontera, Talca y Bío-Bío es un socio fundamental del Hub Digital, en Concepción son hasta seis entidades las que aportan su capacidad investigadora y de generación de talento: la propia Universidad del Bío-Bío, la de Concepción, la del Desarrollo, la Federico Santa María, la San Sebastián y la Católica de Concepción.

Desde el lado del Gobierno, en ambas iniciativas CORFO y los gobiernos regionales se han volcado en aunar puntos de vista y sumar fuerzas para hacer los proyectos posibles. Y en Concepción, la dirección del Hospital y de los Servicios de Salud de la región han visto la inmensa oportunidad de transformarse en beneficio último de la ciudadanía.

Multinacionales tecnológicas, pequeños emprendedores cargados de ideas e ilusión, universidades públicas y privadas, Gobierno. Todos juntos, cuando hay un horizonte y un propósito común, pueden hacer grandes cosas. Pueden convertir oportunidades en realidades de desarrollo en un entorno abierto y cooperativo. Pueden, por qué no, transformar regiones completas. ¡Éxito para BioHIC!

La economía de servicios en el futuro inmediato de Latinoamérica


El impacto de lo digital en la competitividad es tan importante que un retraso en su adopción puede ser fatal para empresas y economías enteras, en especial en los países en vías de desarrollo. La transformación digital acrecienta hasta el extremo las diferencias en productividad entre los más innovadores y todos los demás.

Por eso, las instituciones latinoamericanas se han puesto a trabajar. La Alianza del Pacífico, con el apoyo del BID, está elaborando su Agenda Digital, que deberá ser aprobada en la próxima Cumbre de Presidentes que se celebrará en Cali el 28 de junio. Por otra parte, la CEPAL y la CAF impulsan eLAC 2018, la Agenda Digital para Latinoamérica y el Caribe. Cabría preguntarse, por cierto, si existe la necesaria coordinación entre ambas iniciativas.

Las agencias de innovación de los países que componen la Alianza del Pacífico tampoco están de brazos cruzados. Apenas hace un par de meses, se puso en marcha la Red de Agencias de Innovación InnovaAP, con el propósito de dialogar, coordinar e implementar políticas concretas para apoyar a los emprendedores e innovadores de los cuatro países.

En este contexto de transformación digital, de economías abiertas con cada vez mayor sesgo hacia los servicios, de transformación de los modelos productivos de países todavía muy apalancados en los recursos naturales, de capital humano y de capital social, tuve la oportunidad de participar en el programa E-Chile de CNN y la Fundación País Digital.

Conducido por Pelayo Covarrubias, el diálogo contó con la participación del Subsecretario de Hacienda del Gobierno de Chile, Alejandro Micco. Durante casi media hora pudimos conversar sobre los desafíos que afronta Chile en la economía de servicios y repasar algunos de los proyectos de cooperación público-privada que everis está desarrollando en diversas regiones del país.

Un placer poder formar parte de esta imprescindible discusión, que se puede contemplar íntegra en el siguiente vídeo.


Transantiago y el efecto Pigmalión


Hoy se cumplen diez años de la entrada en funcionamiento del Transantiago, el sistema de transporte público urbano que opera en el Gran Santiago y que integra los buses de la ciudad (operados por siete concesionarios) y el Metro (empresa pública). Los problemas que enfrenta la capital chilena son representativos de que la movilidad urbana es, todavía, una de las principales asignaturas pendientes en Latinoamérica, la región más urbanizada del mundo junto con nuestros vecinos norteamericanos.

La trayectoria de Transantiago ha estado rodeada de polémica desde sus inicios, en parte por los graves inconvenientes que tuvo que afrontar en su primera etapa, en parte porque ha sido un arma política de calado con el transitar de los diferentes gobiernos en esta década.

A día de hoy, Transantiago – como la mayoría de los sistemas de las grandes ciudades latinoamericanas – está inmerso en un círculo vicioso:

  • Los operadores de bus presentan serios problemas financieros, lo que redunda en peor frecuencia y regularidad, peor estado de la flota y, en definitiva, peor calidad de servicio.
  • Este peor servicio genera una reducción de la demanda (de casi un 20% en buses entre 2009 y 2015, en parte por el crecimiento en torno a un 10% en el Metro para una reducción global del 8%).
  • La reducción de la demanda acrecienta los problemas financieros y realimenta el círculo.

La situación descrita provoca que el sistema, concebido inicialmente como autosostenible, sea fuertemente deficitario y requiera importantes subsidios públicos, que se sitúan en torno a los USD 650 millones anuales, pese a que las tarifas, ajustadas por inflación, se han elevado un 20%.

En este escenario económico juega un papel decisivo la evasión (eufemismo empleado para hacer referencia al impago por parte de los usuarios), que alcanza el 30%. O, lo que es lo mismo, unos USD 250 millones anuales, no muy lejano a la mitad del subsidio al sistema.

En los próximos meses se estarán licitando los nuevos contratos de operación de buses, de gestión del medio de pago (la tarjeta bip!) y de servicios tecnológicos. Las autoridades chilenas, a través de un rediseño adecuado y con la importante ayuda complementaria de legislación actualizada, disponen de una inmejorable ocasión para dar un paso importante frente a los principales desafíos del Transantiago.

Por supuesto, la reducción del impacto medioambiental a través de la renovación de la flota con buses Euro VI.

Por otro lado, la lucha contra la evasión. Con la ciudad australiana de Melbourne como ejemplo de experiencia exitosa (reducción del 12% al 4% en cuatro años), la definitiva aprobación de la regulación en trámite parlamentario debe ser una herramienta decisiva.

Además, la información al usuario. La percepción de la calidad de servicio es eso, una percepción, en la que además de los hechos objetivos – frecuencia, regularidad – la información y experiencia del viajero (desde que busca alternativas de desplazamiento hasta que llega a su destino) tienen un peso muy relevante.

Y, de manera transversal, la transformación digital del servicio, en varias aristas:

  • La más importante, la transformación del medio de pago. La actual tarjeta bip! es obsoleta, insegura y presenta serias limitaciones para gestionar tarificación compleja. La costosa red de recarga presencial y el desarrollo reglamentario en curso de la recién aprobada ley que permite la emisión de medios de pago por entidades no bancarias (tarjetas de prepago) completan un escenario de oportunidad claramente encaminado a un medio de pago abierto y su evolución hacia un soporte virtual, al estilo de la SUICA japonesa.
  • También debe transformarse la relación con el usuario a través de sistemas de información en tiempo real, con una base fuerte en aplicaciones móviles que mejoren la experiencia de viaje del usuario, incluyendo el pago, eventuales esquemas de fidelización y, a medio plazo, esquemas más amplios de multimodalidad como ya han hecho algunas ciudades europeas.
  • Como tercer eje de la transformación digital, la mejora del servicio propiamente dicho a través de una gestión inteligente en tiempo real basada en la inmensa cantidad de datos que se generan en torno al transporte urbano. Y no solo el del sistema público: subir a este big data de movilidad urbana a entidades privadas (desde Uber hasta los operadores de telecomunicaciones) multiplica las posibilidades.

Estos desafíos no dejan de ser, en cualquier caso, una parte del problema. Cómo se enmarca Transantiago en la movilidad urbana de Santiago es una discusión mucho más amplia, que debe considerar desde elementos que no estaban presentes durante el diseño inicial (ride-sharing o bike-sharing) hasta intervención en los espacios de movilidad privada (con medidas desincentivadoras del uso del auto propio). Pero eso da para otro artículo distinto.

Con todo, a mi juicio, Transantiago debe enfrentar un reto mucho mayor que cualquiera de los anteriores: el uso indiscriminado y permanente, por parte de autoridades, legisladores y medios de comunicación, de su nombre como sinónimo de fracaso en las políticas públicas.

No. Nos pongamos como nos pongamos, hoy Transantiago no es ningún desastre (o, como mínimo, no en comparación con su entorno más inmediato). Hace tres años fue catalogado como el mejor sistema de transporte público de las grandes ciudades latinoamericanas, en el puesto 30 de un total de 84 ciudades en el mundo. Ni siquiera el enorme subsidio que requiere se aleja de lo habitual en Europa o Estados Unidos, siempre por encima de la mitad del costo operativo del servicio.

Hay muchos problemas serios e inmediatos. Muchos desafíos de corto y medio plazo. Pero, mientras sigamos asociando los términos Transantiago y fracaso, mientras “otro Transantiago” sea sinónimo de descalificación, estaremos allanando un poco más el camino de la profecía autocumplida hacia el desastre.

No dejemos que Pigmalión se ponga al volante de los buses del Transantiago.

[Acreditación de la imagen de cabecera]