Chile: finales de octubre de 2019


[Fotografía: Elvis González para EPA / The Guardian]

[20 de octubre de 2019]

Comienzo a escribir estas líneas el 20 de octubre de 2019 en Santiago de Chile. Es un agradable domingo de primavera: a las siete y cuarto de la tarde, con más de veinte grados, luce un sol radiante. Sin embargo, no estoy disfrutando de cualquiera de los parques santiaguinos ni de su perspectiva sobre la cordillera de los Andes, todavía con nieve; me siento delante del computador en el salón de mi domicilio de Las Condes, una de las comunas de la ciudad que – junto con Lo Barnechea y Vitacura – conforman lo que se denomina el “barrio alto”: el lugar en el que vivimos, trabajamos y nos divertimos las clases acomodadas, casi siempre de espaldas a la realidad del resto del país.

No estoy encerrado en casa porque quiera: el General Iturriaga – Jefe de la Defensa Nacional en el estado de emergencia que rige desde ayer – ha decretado el toque de queda. Mis libertades están restringidas de tal forma que ni siquiera puedo salir a la calle a disfrutar del sol dominical. En 2019. En Chile.

Ya oscurece. En televisión, el Presidente Piñera interviene. Todavía en medio de fuertes disturbios, lejos de lanzar un mensaje de unidad o de asumir responsabilidades, dice: “estamos en guerra frente a un enemigo poderoso”. Pocas horas más tarde, el General Iturriaga se verá obligado a afirmar que él no está en guerra con nadie. El hashtag #NoEstamosEnGuerra se hace viral.



[21 de octubre de 2019]

Regreso a casa tras una jornada atípica de trabajo en una ciudad semidesierta. Al salir del Metro, que opera una sola de sus líneas al 20% de capacidad, me cruzo con tanques del Ejército y soldados fuertemente armados que observan a varios cientos de ciudadanos en plena cacerolada. En dos horas comenzará un nuevo toque de queda.

Las revueltas que se produjeron durante el fin de semana copan los medios de todo el mundo. Arrecian desde todas partes las críticas al Gobierno por su nefasta gestión de la crisis. Da la sensación, en cualquier caso, de que lo peor ha pasado. El costo es altísimo: 18 personas muertas, cerca de dos mil detenidos, cuantiosísimos daños materiales en todo el país y una fractura social que va a ser muy difícil reparar.

La historia económica de Chile en las últimas cuatro décadas es, sin lugar a dudas, un éxito. Partiendo de una posición muy rezagada en el momento en que el golpe de estado de Pinochet derroca al gobierno de Salvador Allende, es hoy el país latinoamericano con mayor ingreso per capita, se acerca en no pocos aspectos a estándares europeos, es miembro de pleno derecho de la OCDE, se encuentra abierto plenamente al comercio internacional y su índice de pobreza por ingresos se desplomó del 40% al 9% en treinta años (aunque según otros índices multidimensionales esta cifra se eleva al 20%).

De la mano de las recetas neoliberales de los Chicago boys, desde los setenta Chile diseña y pone en marcha políticas que, apoyadas en la riqueza en recursos naturales del país, provocan este milagro económico. Los parámetros macro del país y los indicadores medios o agregados (subrayo lo de medios o agregados) evolucionan de manera espectacular. Con la llegada de la democracia, los diferentes gobiernos de uno y otro color mantienen en lo esencial los principales pilares del sistema.

A lo anterior hay que añadir una estabilidad institucional totalmente excepcional en el contexto latinoamericano y una disciplina fiscal que se mantiene como un elemento clave de gestión pública, con independencia de la ideología del gobierno de turno. En este contexto, el pavoroso despliegue del populismo en Latinoamérica no es capaz de atravesar los Andes ni el desierto de Atacama.

Pero Chile es un país extremadamente desigual.

[22 de octubre de 2019]

La ciudad se va normalizando. Sigue sin haber colegio, pero algunos comercios y locales de hostelería abren sus puertas; hay más tráfico en la calle. El ejército sigue custodiando las entradas a las pocas estaciones de Metro operativas, pero con menor presencia que ayer. Las diferentes manifestaciones que se producen a lo largo y ancho de la ciudad son pacíficas. Llego a casa a las 19:58, dos minutos antes de la entrada en vigor de un nuevo toque de queda. Por el camino, me pregunto: ¿por qué tengo que caminar apresuradamente por la calle, casi correr, – el Metro cerró sus puertas a las 18:30, no hay taxis – con la presión de que, si me retraso un poco, voy a poder ser detenido?



El Presidente Piñera, tras  dialogar con los principales líderes de la oposición – aquellos que se acercan al Palacio de la Moneda a dialogar: algunos anteponen el interés partidista a la situación del país – anuncia una Nueva Agenda Social. Si bien aporta medidas positivas, como el incremento de la pensión básica solidaria en un 20%, del ingreso mínimo garantizado hasta los 350.000 pesos o un seguro de enfermedades catastróficas para limitar el techo de gasto de las familias en esta situación, es a todas luces insuficiente: un conjunto de fuegos de artificio de fácil digestión sin ninguna medida estructural.

Es más, pese a que el Ministerio de Hacienda indica que los recursos necesarios para dicha agenda rondarán los USD 1.200M, solo se plantea una minúscula alza tributaria a las rentas más altas por USD 160M (menos de un 0,1% del PIB), muy por debajo de los recursos necesarios para el plan anunciado que, necesariamente, exigirán recortes en otras áreas. Ni un solo atisbo de cambio estructural, ni de modificaciones sustanciales de la carga impositiva: más de lo mismo.

[23 de octubre de 2019]

Como consecuencia de los sucesivos toques de queda, las operaciones del aeropuerto de Santiago se han visto muy afectadas estos días, aunque ya casi están normalizadas. Debería haber viajado a Dallas por motivos laborales esta noche, pero mi vuelo se ha visto reprogramado a las once de la mañana. Nueve horas a bordo de un avión que me permiten pensar y escribir con calma.

¿Por qué ha explotado Chile? Se ha escrito mucho y muy bien al respecto (en The Guardian, El País o el New York Times, por solo citar algunos medios internacionales, y también en la prensa chilena, que no se caracteriza precisamente por ser crítica los poderosos), pero vaya aquí mi granito de arena.

1. LA EXTREMA DESIGUALDAD Y UN SISTEMA QUE LA FOMENTA (O AL MENOS NO LA COMBATE)

Chile es el país más desigual de la OCDE. Más incluso que México. Mucho más que Estados Unidos. Muchísimo más que cualquier país Europeo. Además, su sistema redistributivo fracasa totalmente en este aspecto, dado que el índice de Gini apenas varía después de impuestos y transferencias, algo que solo ocurre en México y Turquía a esa escala. El siguiente de gráfico de Our World in Data es elocuente.



Es decir, lo que hace que Chile sea un caso extraordinario no es tanto la desigualdad en sí misma, sino que el Estado chileno hace menos que cualquier otro desarrollado para reducir la desigualdad económica a través de impuestos y transferencias. Y este es uno de los motivos fundamentales por los que Chile es el país más desigual de la OCDE.

Algunas referencias adicionales: la mitad de la población gana 500 dólares o menos al mes y el 70% no llega a ingresar 800 mensuales. El quintil de menores ingresos no alcanza los 150 dólares mensuales. Las personas que se jubilan solo reciben un tercio de su ingreso promedio durante la vida laboral, una de las tasas más bajas de la OCDE.

Lo anterior se produce en un contexto de “privatización de la vida cotidiana”, en palabras del sociólogo de la Universidad de Chile Carlos Ruiz. El sistema de pensiones se basa en un sistema de cuenta individual que gestionan entidades privadas (AFPs), de la misma manera que las Isapres – también privadas – gestionan los seguros de salud. El acceso a la universidad genera elevados niveles de endeudamiento entre los estudiantes (deben en conjunto USD 4.500M), los servicios básicos se prestan a través de monopolios regulados que permiten rentabilidades elevadas y el carácter oligopólico de la oferta en general produce que, por ejemplo, los chilenos deban pagar los precios de los medicamentos más altos de Latinoamérica.

Quizás ahora se entienda mejor por qué tildo la Nueva Agenda Social de fuegos de artificio.

2. UN MODELO PRODUCTIVO QUE NO HA SABIDO EVOLUCIONAR

Chile es un país muy rico en recursos naturales. Es, de largo, el primer productor mundial de cobre, posee una de las principales reservas mundiales de litio, su industria agroalimentaria (fruta, salmón, vino entre otros) es fuertemente exportadora. Además, su privilegiada naturaleza le otorga una posición inmejorable en energías renovables (especialmente solar) o en observación astronómica.

La que ha sido una de las palancas principales al desarrollo económico de Chile es hoy, quizás, su principal problema. Por dos motivos. En primer lugar, el país no ha sido capaz de desarrollar una industria de valor añadido alrededor de los recursos naturales. Al contrario que Australia o Canadá, Chile exporta cobre, no minería. Y, en consecuencia, no le queda sino moverse al vaivén de los vientos de la coyuntura internacional. Mientras China crecía a altísimo ritmo y devoraba cualquier materia prima, todo iba bien. Ahora…

En segundo lugar, la economía crecía a tan buen ritmo que el país nunca tuvo la diversificación de su matriz productiva como una prioridad en su agenda. La inversión en I+D de Chile es un paupérrimo 0,35% del PIB, menos de un tercio proveniente del sector privado. La productividad está estancada, con la minera cayendo. La trampa de los ingresos medios ha devorado al país.

Es más, en el contexto de la digitalización acelerada, de la cuarta revolución industrial y de las tecnologías disruptivas, nada apunta a que la cosa pueda ser diferente. El Gobierno de Chile – como tantos otros – todavía no se ha dado cuenta de la urgencia de adoptar políticas transversales orientadas a crear las condiciones para anticiparse al nuevo contexto digital (las nuevas dinámicas de mercado, el impacto en los ámbitos laboral y educativo, las necesidades regulatorias), para darle forma al futuro inmediato antes de ser devorado por él, para establecer marcos suficientes que impulsen la competitividad y el crecimiento.

3. UNA CLASE POLÍTICA ALEJADA DE LA REALIDAD

Dice Lucía Dammert, socióloga de la USACH, que la brecha entre las élites políticas y los ciudadanos es uno de los principales elementos comunes en América Latina. Chile, por supuesto, no es ajeno a este hecho. Su clase política vive – o traslada la sensación de que lo hace – en una suerte de realidad paralela: hace apenas dos semanas, el presidente Piñera – una de las mayores fortunas del país – calificaba a Chile (no sin parte de razón, como veíamos antes) como “un verdadero oasis” en América Latina.

Esta desconexión de la realidad cotidiana resulta en declaraciones que demuestran la insensibilidad – no por incompetencia, sino por desconocimiento, desinterés o lejanía – hacia los problemas de la gente. Este mismo mes, cuatro días después de que las tarifas de la electricidad subieran un 10%, el Ministro de Hacienda invitaba a los románticos a regalar flores porque su precio había caído un 3,5%. A propósito del alza de los precios del Metro – detonante de las protestas –, el Ministro de Economía sugería madrugar para poder aprovechar la hora valle. Anecdótico, probablemente, pero significativo y desafortunado cuando la sociedad está al borde del hartazgo.

No es solo desconexión. Es también endogamia, como refleja muy bien este artículo de Daniel Matamala: dos tercios de los ministros del gabinete estudiaron en los seis mismos colegios católicos del barrio alto de Santiago; el ministro del Interior y mano derecha del presidente es su primo Andrés Chadwick.

Y, además de endogamia, algo a mitad de camino entre infalibilidad e impunidad. El propio ministro del Interior, máximo responsable de la seguridad del país, considera que no tiene ninguna responsabilidad política en lo acontecido.



4. EL DETERIORO DEMOCRÁTICO GENERAL

Este factor tampoco es exclusivo de Chile, un país en el que vota el 49% de la ciudadanía. El Latinobarómetro 2018 muestra el declive del apoyo a la democracia en la región, otorgado por menos de la mitad de los latinoamericanos (un 48%).

Pero sí es interesante el matiz que incorpora Juan Pablo Luna: la desigualdad ante la que protestan los chilenos no es solo ni principalmente la socioeconómica.

Es también la desigualdad ante la ley y la percepción, recurrente, de injusticia y abuso entre quienes viven muy cerca en términos físicos, pero a décadas de distancia en términos de las garantías que poseen respecto a sus derechos básicos de ciudadanía civil y social.

Paradójicamente, el sensacional esfuerzo de despliegue de la red de Metro por la ciudad, ha acortado las distancias físicas y temporales entre los desiguales, contribuyendo acercar y visibilizar las enormes desigualdades existentes en Santiago.

En fin, fenómenos globales como la fatal combinación entre la creciente capacidad manipuladora de las redes sociales y buena parte de los medios, por una parte, y la enorme incultura política de buena parte de la ciudadanía, por otro, no son en absoluto de ayuda. Como no lo es un aspecto particular del sistema de gobierno chileno: un período presidencial de cuatro años sin posibilidad de reelección, lo que exacerba – si cabe – el cortoplacismo político.


[Fotografía: Mauricio Osorio]

¿Mi conclusión? Lo ocurrido estos días ha abierto una cicatriz profundísima en la sociedad chilena que no va a ser fácil cerrar. Pero la buena noticia es que, con todo, el país está en una excelente posición – no un oasis, pero sí un punto de partida muy sólido – para diseñar, construir e incorporar los elementos necesarios para, en terminología muy chilena, nivelar la cancha. Para ello, solo es necesaria una condición, aunque no menor: la altura de miras y el sentido de Estado de la clase política.

Hace apenas cinco días – ha parecido un mes – la subida de 30 pesos (4 céntimos de euro) del precio de un billete de Metro generó un estallido social sin precedentes en la historia democrática de Chile. Ojalá sirva para sentar las bases de un país mucho mejor de lo que ya es.

[Leo a través de la WiFi del avión que hoy, a partir de las 22:00, habrá un nuevo toque de queda en Santiago: el quinto consecutivo.]

El sistema penitenciario en Latinoamérica: los desafíos de un problema invisible


Durante dos días he tenido la oportunidad de participar, invitado por el BID, en el taller de innovación "Cárceles más humanas - soluciones tecnológicas centradas en la rehabilitación de las personas". Una experiencia muy provechosa, fundamentalmente por la diversidad de perfiles, realidades y geografías presentes: autoridades de las instituciones penitenciarias de diferentes países latinoamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, El Salvador o Costa Rica), expertos europeos, representantes de empresas tecnológicas y de ONGs vinculadas a la reinserción de los egresados del sistema penitenciario. Intensas horas de reflexión colectiva que pusieron de manifiesto los importantísimos desafíos existentes y plantearon cómo la tecnología puede contribuir a resolverlos.

Quizás el principal problema que tiene el sistema penitenciario en América Latina es su invisibilidad. Y es invisible porque, pese a su importancia capital, ni a las autoridades políticas ni a los ciudadanos nos gusta mirar hacia él. No nos gusta conocer el insoportable nivel de hacinamiento en las prisiones. Ni que el 40% de los internos todavía no tienen una condena firme. Nos incomoda saber que más de la mitad de la población privada de libertad tiene problemas derivados de la droga o el alcohol, adicciones que persisten; que casi un tercio ya había sido condenada previamente, pero vuelve a delinquir porque no tiene oportunidades de insertarse socialmente.

Tampoco somos conscientes de que, en los últimos quince años, el número de privados de libertad en Latinoamérica se ha incrementado cerca de un 150% mientras los índices de criminalidad no descienden. Paralelamente, el populismo político penitenciario clama por un aumento de penas de prisión - tipología y duración - alentado por la opinión pública; aumento de penas que, bajo el esquema actual, no conducirán sino a mayor hacinamiento en las cárceles y a menores oportunidades de reinserción.

No nos gusta saberlo, pero el círculo vicioso Vulnerabilidad/Exclusión -> Delito -> Prisión -> Vulnerabilidad/Exclusión es un drama que afecta a 1,5 millones de familias en la región; un drama que seguirá creciendo si no se produce un cambio drástico de paradigma en la política penitenciaria, pasando de un foco de vigilancia y custodia a un foco de rehabilitación e inserción totalmente centrado en la persona.

Penal de La Esperanza, El Salvador. Foto: Pau Coll - RUIDO Photo
Es imposible enunciar en un breve artículo la totalidad de desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios latinoamericanos, pero sí me gustaría destacar algunos de los que se situaron en el centro del debate durante el taller, empezando por las condiciones de vida de los internos.

Cuantitativamente, la infraestructura carcelaria es insuficiente y obsoleta, generando escenarios de superpoblación - cuando no hacinamiento - agravados también por la exigua dotación de personal, lo cual redunda en situaciones de criminalización de delincuentes menores o inadecuado tratamiento de adicciones. Cualitativamente, la infraestructura está orientada a la custodia y la seguridad, mucho menos a la rehabilitación; de manera similar, en lo relativo a los funcionarios, el perfil policial y de vigilancia no está suficientemente balanceado con la dotación pertinente de profesionales educativos, sanitarios, de asistencia social o psicológica o, al menos, con una capacitación básica en estas materias. Conceptualmente, el énfasis se pone en la vigilancia y el control, cuando debiera estar situado en modificar conductas asociadas al riesgo delictual y en otorgar a los internos herramientas que faciliten su posterior reinserción.

Quizás el desafío mayor corresponda precisamente con la reinserción de los egresados del sistema, el que debiera ser su principal objetivo. Muchas mejoras son necesarias en la gestión de la transición entre la situación de interno y el egreso, en el acompañamiento activo del proceso de reinserción y en el seguimiento de largo plazo. En fin, en el diseño e implementación de políticas de inclusión post-penitenciaria que, por su propia naturaleza, deben ser de carácter marcadamente transversal, implicando a los servicios sociales, de empleo, de salud y de vivienda, entre otros.

Un tercer factor es la escasez y falta de calidad de la información con la que cuentan las autoridades para el ejercicio de su función. En no pocas ocasiones, hay carencias en datos elementales de gestión, como una identificación fehaciente y completa de la población penitenciaria o de todos los actos administrativos y judiciales vinculados a su condena, frecuentemente gestionados en papel y con rudimentarios esquemas de intercambio de información entre las instituciones implicadas. A partir de esta base tan frágil, usos más avanzados orientados al perfilamiento y conocimiento exhaustivo de los privados de libertad, para el diagnóstico y programación específica del trabajo con ellos, pese a ser esenciales, están todavía lejos de ser una realidad.

Pero, probablemente, el mayor desafío lo encontremos en el propio diseño de políticas. A día de hoy, es posible afirmar que la política penitenciaria en Latinoamérica es, en general, una política aislada basada en un modelo custodial y punitivo, en el que - salvo alguna excepción - tanto los mecanismos de reinserción como los sistemas alternativos de cumplimiento de penas (es cierto que motivados por una buena dosis de "pereza judicial") distan mucho de alcanzar el nivel de presencia y efectividad que sería deseable.

Es necesario y urgente un cambio paradigmático en la política penitenciaria, que debe pasar a ser un eslabón más de una política general de lucha contra el delito, que comienza en la prevención - muy vinculado al tratamiento de situaciones de vulnerabilidad y exclusión, con un importante factor intergeneracional - y termina en mecanismos activos de inclusión post-penitenciaria, ambos los dos principales focos de énfasis.

Estimaciones del BID sitúan el gasto penitenciario en América Latina en unos 14.000 millones de dólares anuales: una cantidad que, a la vista de los resultados y los desafíos pendientes, está muy malgastada. Y la responsabilidad no se encuentra, ni mucho menos, únicamente en las instituciones penitenciarias, que en muchas ocasiones pelean solas contra el citado populismo político penitenciario, la desidia judicial y una opinión pública que no mira, pero, cuando lo hace, es para echar más leña al fuego.

Un millón y medio de familias merecen una segunda oportunidad. Muchas de ellos se contentarían, al menos, con que les diéramos la primera.

La tecnología: punto de encuentro entre el desarrollo económico y el social


Dice el BID en su informe Panorama de las Administraciones Públicas de Latinoamérica y Caribe de 2017: “Las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos.” Tras señalar que América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo, concluye: “Los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.”

Efectivamente, los gobiernos latinoamericanos vienen articulando su agenda política en torno a dos grandes ejes, pero no han logrado que ambos dialoguen. Es más, en algunos casos (en las recientes presidenciales chilenas, sin ir más lejos) se presentan ante la ciudadanía en la discusión pública - equivocadamente - como prioridades contrapuestas y casi irreconciliables.

En una esquina del cuadrilátero se encuentra el conjunto de políticas sociales y de igualdad de oportunidades. La entrega de servicios públicos esenciales (educación, salud, justicia, seguridad…), la modernización del Estado en sentido amplio (transparencia, empleo público, descentralización, eficiencia…) y las políticas sociales propiamente dichas (familia y prestaciones sociales, empleo, pensiones…) conforman este gran epígrafe de la acción de gobierno.

En la opuesta, la agenda de crecimiento económico y competitividad, encaminada a acelerar la transición desde una matriz productiva basada en los recursos naturales hacia la economía digital basada en el conocimiento. Acá encontramos las políticas en materia de capital humano, productividad empresarial, innovación y emprendimiento, internacionalización económica, modernización del mercado laboral, etc.

Desde mi punto de vista, dos ejes de acción transversales – desarrollo tecnológico aplicado por una parte e impulso serio de la evolución a la economía digital por otra – serían la base no solo para potenciar individualmente cada uno de los dos grupos de políticas, sino para dar coherencia global y compatibilizar las agendas de desarrollo económico y social.

¿No es racional pensar que, por ejemplo, la transformación digital de la salud pública, además de mejorar sustancialmente la calidad de ésta, podrá inducir innovación y empleo cualificado y, en tanto problemática compartida en toda la Región, exportaciones de valor añadido?

La clave principal está en la acción transversal de gobierno

Pero la necesaria transversalidad choca de bruces con el funcionamiento en silos - descoordinados en buena parte de los casos, incongruentes y hasta contradictorios en no pocas ocasiones - de los diferentes ministerios y departamentos de gobierno. Transformar económica y socialmente un país requiere una mirada integral al impacto que la adopción creciente de tecnologías digitales puede generar en el mismo:

  • Desde una perspectiva completa de la Administración Pública, en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y acorde su peso en la economía del país (en torno al 25% del PIB).
  • Considerando las tecnologías digitales como palancas transversales de productividad y desarrollo económico y social.
  • Considerándolas, asimismo, como habilitadores esenciales en la mejora de la calidad y capilaridad de los servicios públicos.
  • Bajo un prisma de cooperación público-privada, como único mecanismo viable para el desarrollo digital de un país.
  • Y como política de impulso desde la demanda de una industria específica, la de las tecnologías digitales, llamada a cobrar un peso cada vez más relevante en la matriz productiva y laboral latinoamericana.

Sí, es imprescindible una evolución clara en la consideración de las políticas de desarrollo digital y modernización del Estado: es tiempo de que dejen de ser un capítulo más en programas y agendas y se conviertan en un instrumento efectivo para lograr un impacto transversal en la acción de gobierno. Lo cual, por cierto, nunca será posible sin un liderazgo claro en su diseño y ejecución, tanto orgánico como político y presupuestario: algo de lo que estamos muy lejos en la gran mayoría de los países.


Según mi manera de verlo, el enfoque adecuado para estas políticas debe combinar tres aproximaciones:

  • La pragmática, basada en la adopción de las tecnologías digitales en aquellos ámbitos (de servicio público y/o actividad económica) que se pueden beneficiar de la misma directamente y en el corto/medio plazo.
  • La audaz, basada en la búsqueda de espacios de transformación y leapfrogging, desde una mirada tanto de cambio de modelo productivo, exportación de valor añadido y apalancamiento en las ventajas comparativas del país, como de mejora radical de los servicios públicos.
  • La estructural, basada en establecer políticas transversales que sirvan como soporte de largo plazo a los diferentes ámbitos de actuación que se proponen seguidamente.

Los espacios para actuar

Así pues, tenemos hasta el momento las siguientes ideas: política integral y transversal al gobierno, liderazgo efectivo cercano a los centros de decisión y combinación de perspectivas pragmáticas, audaces y estructurales. Ahora bien, ¿cómo, a qué y cuándo aplicar esas ideas?

Para no hacer eterno este artículo, la respuesta a esa pregunta quedará para uno próximo. Simplemente introduzco en la siguiente figura un framework para las políticas de desarrollo digital que enmarca las ideas presentadas en los párrafos anteriores y que creo puede dar respuesta al desafío de ordenar la acción de gobierno en este ámbito:

  • Arquitectura institucional transversal al gobierno
  • Medidas basales o estructurales de medio y largo plazo
  • Iniciativas para la adopción y la innovación digitales (al igual que para el punto anterior, los contenidos de los cuadros son meramente ilustrativos)
  • Espectro de actuación que abarca desde los servicios públicos hasta la economía digital



Regreso al punto de partida. No, no es ni mucho menos imposible conciliar la búsqueda de la mejora de oportunidades y la reducción de la desigualdad con la transformación del modelo productivo y el impulso del crecimiento económico. Y, muy probablemente, la principal clave para lograr esa conciliación es la tecnología.

[Referencias de las imágenes: cabecera salud e intermedia industria 4.0]

Por qué fracasan los países


¿Por qué Corea del Norte y Corea del Sur se encuentran en las antípodas del desarrollo si hasta la Segunda Guerra Mundial eran el mismo país? ¿Por qué había tanta diferencia entre las dos Alemanias que se reunificaban tras la caída del Muro de Berlín en 1989, menos de medio siglo después de la separación? ¿Por qué Guatemala es pobre y Dinamarca es rica? ¿Por qué los neozelandeses tienen una vida confortable y los etíopes viven en la miseria?

¿Por qué, esta misma semana, la situación en Paraguay deriva en un asalto al Congreso durante el que se le prende fuego? ¿Por qué, esta misma semana, el Tribunal Supremo venezolano deja sin competencias a la Asamblea Nacional y, apenas unas horas después, se las devuelve?

¿Por qué fracasan los países?

A responder esta pregunta dedican su libro homónimo el economista del MIT Daron Acemoglu y el de la Universidad de Chicago James Robinson. La obra recorre extensamente (quizás demasiado) el planeta de norte a sur y de este a oeste, igual que recorre los tres últimos milenios de Historia, para repasar casos que sustentan la tesis de los autores, de Roma a los mayas, de Mobutu a Mao.


En realidad, se han hecho múltiples intentos para resolver ese interrogante. Y las teorías desarrolladas hasta la fecha apuntan a factores como el clima, la geografía, la cultura o incluso la ignorancia de las clases dirigentes. Ninguno de ellos suficientemente convincente y todos desmontados de manera categórica por los autores.

Una vez más, la navaja de Ockham. La explicación de Acemoglu y Robinson no puede ser más sencilla:

Los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. No lo hacen bien, no porque se equivoquen o por su ignorancia, sino a propósito.

Así, todo país se estructura en torno a instituciones políticas (gobierno, leyes, poderes) y económicas (competencia o monopolio, derechos de propiedad o inseguridad jurídica, apertura o proteccionismo). Y éstas pueden ser inclusivas o extractivas. Las primeras, pluralistas, posibilitan la participación de la gran mayoría de las personas en la actividad económica en condiciones de igualdad, aumentando la productividad y la prosperidad. Las segundas, elitistas, extraen la riqueza de la sociedad en general para beneficiar a un subconjunto reducido.

Obviamente, los países que avanzan en igualdad son los que tienen instituciones políticas y económicas inclusivas. Pero si las instituciones son extractivas, el país se estanca y empobrece, entrando en un ciclo de realimentación que incluso puede terminar llevándolo al colapso, como ocurrió con la civilización maya.

Apuntáis alto, maestro Lee. Considerad qué podría hacer esta invención a mis pobres súbditos. Sin duda, sería su ruina al privarles de empleo y convertirlos en mendigos. (Isabel I, en 1589, al negarle a William Lee una patente para la máquina de tejer)

Así, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, que derrocó a Jacobo II, tuvo una base social suficientemente amplia como para persistir en el tiempo y sentar las bases de la primera democracia parlamentaria, consolidando instituciones inclusivas. Este modelo se extendió a las colonias inglesas, resultando en que Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda forman parte del club de países prósperos en la actualidad.

Un siglo después, la revolución francesa marcó el final del absolutismo en el país galo. De la mano de Napoleón, las instituciones pluralistas se extendieron a Europa Occidental, mientras en el Este zares y emperadores enquistaban un sistema cuasi-feudal que sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX.

Por el contrario, las condiciones de esclavitud que impusieron los españoles en todo su imperio ultramarino generaron instituciones extractivas, orientadas a enriquecer a las élites conquistadoras y a enviar toda la riqueza posible a la metrópoli. Tras los procesos de independencia de principios del XIX, los nuevos gobernantes perpetuaron esas instituciones extractivas (la ley de hierro de la oligarquía, enunciada por el sociólogo Robert Michels), en muchos casos hasta hoy.

Esa misma ley de hierro ha mantenido a África en el subdesarrollo, con dictaduras miserables que dieron continuidad al expolio llevado a cabo por los europeos durante la época colonial.

La élite, sobre todo cuando ve amenazado su poder político, forma una barrera enorme frente a la innovación.

Así que la explicación a la desigualdad en el mundo es bien sencilla. Los países pobres lo son porque el poder se concentra en las manos de unos pocos, quienes lo utilizan para explotar a la gran mayoría en su propio beneficio. Cualquier cambio – social, político o económico – puede ir en merma de la riqueza de las élites, por lo que éstas, desde el control de las instituciones, se oponen radicalmente a que sucedan. Se genera, entonces, un círculo vicioso que perpetúa la situación. Como en Paraguay o Venezuela…

Puro sentido común, diría yo, es el sustento del razonamiento de los autores. Puro sentido común bien respaldado por hechos. Lamentablemente, el libro nos deja sin soluciones, sin armas para romper el círculo vicioso.

[Acreditación de la imagen de cabecera]

Cuatro (+1) charlas TED para entender el futuro que se nos viene


Para conocer bien un tema no hay como acudir a las fuentes. Y si las fuentes además, nos ofrecen opiniones en ocasiones contrapuestas y en buena medida complementarias, entonces mejor que mejor. Afortunadamente, en el ámbito de la economía digital que ya se viene, tenemos las TED Talks. Ver - disfrutar, admirar - las cinco charlas que he seleccionado te consumirá hora y cuarto de tu tiempo. Si te interesa este tema, créeme, será una hora y cuarto muy bien invertida.

Sobre Erik Brynjolfsson, director de la MIT Initiative on the Digital Economy, he escrito largo y tendido. Tecnooptimista, defiende que estamos en la segunda era de las máquinas, cuyo impacto económico y social será inmenso porque emplean tecnologías digitales, exponenciales y que escalan en red. Tres factores que, juntos, las hacen imparables. Brynfjolsson sostiene que todavía no hemos visto ni mucho menos su potencial, porque las innovaciones tardan en impactar en la productividad y el crecimiento, ya que requieren que los procesos a los que dan soporte igualmente se transformen.

Pero no todo son buenas noticias en la segunda era de las máquinas. El gran desacoplamiento entre la productividad y el empleo, entre la riqueza y los salarios, es un gran riesgo (si no una gran realidad) de que mucha gente se quede fuera del progreso. Para evitarlo, o al menos minimizarlo, la única solución pasa por que los trabajadores adquieren las capacidades necesarias para complementar las máquinas, porque la carrera contra ellas está perdida.


Robert Gordon, economista de la Northwestern University, es de alguna manera el antagonista de Brynjolfsson: el tecnófobo. Defiende que el impacto de las tecnologías de la información se sobrevalora, y mucho, en relación con otras grandes invenciones: la máquina de vapor, la electricidad o el automóvil. Sostiene que se ha terminado la época del crecimiento basado en la innovación y que tendremos que aprender a convivir con economías estancadas, creciendo estructuralmente apenas un 0,2%.

Sin embargo, ver a Gordon como el apocalíptico que se hace notar saliéndose de la tendencia preponderante sería simplificar. Basa su razonamiento en cinco vientos en contra: la demografía, el nefasto sistema educativo que predomina en el mundo, los elevadísimos niveles de deuda, la creciente desigualdad social y la ya citada inaplicabilidad económica de la reciente innovación basada en las tecnologías de la información ("Nos prometieron autos voladores y tenemos 140 caracteres", que decía Peter Thiel).


Andrew McAfee es colega de Erik Brynjfolsson en el MIT. En su charla nos habla de la transformación del mercado laboral como consecuencia de la aplicación generalizada de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la producción y los servicios. Durante más de dos siglos, la amenaza de la desaparición del empleo en manos de la tecnología se ha repetido y nunca ha llegado a hacerse realidad. ¿Por qué ahora podría ser cierto? Porque el reciente desarrollo tecnológico abarca las capacidades intelectuales de los trabajadores humanos, y no solo las físicas como hasta ahora.

Para McAfee, en todo caso, son buenas noticias. La economía sigue creciendo al tiempo que el precio de muchos bienes y servicios bajan, incluso son gratuitos. Y sobre, todo, que los robots se encarguen por nosotros de las tareas más rutinarias permitirá liberar mucha creatividad humana para imaginar una sociedad totalmente nueva. ¿Podría ir algo mal entre este tsunami de optimismo? Sí, y de hecho ya lo está haciendo: el gran desacoplamiento que menciona Brynjolfsson, que puede conducir a la extinción de la clase media. Como posibles remedios, conceptos del tipo de la renta básica universal y, de nuevo, la Educación.


David Autor, también economista del MIT, aborda igual que McAfee el controvertido debate sobre el impacto en el empleo del desarrollo tecnológico. Autor no pone en discusión ese impacto, pero argumenta que la humanidad, como ha hecho varias veces antes, generará empleos diferentes que mantendrán - si no aumentarán - la demanda de trabajo humano.

Autor, por tanto, está seguro de que habrá empleo. ¿Pero esto significa que no debemos preocuparnos? En absoluto. En este punto, unanimidad con sus colegas del MIT: sí habrá trabajo, pero polarizado hacia los que demandan mayores capacidades y hacia los de menos valor (y, por tanto, peor remunerados), destruyendo los empleos de la clase media. Y, a estas alturas del post, ¿adivinas por dónde irán las soluciones que plantea Autor? Efectivamente, por la Educación.


Para cerrar, Ken Robinson no habla sobre la economía digital ni menciona los robots en su charla. No trata del Big Data ni de la inteligencia artificial. Nos cuenta, muy inspiradoramente, cómo hacer que la Educación escape del Valle de la Muerte. Porque, parafraseando al otro, "¡Es la Educación, estúpido!"


El desarrollo tecnológico y la cruda realidad del barro


Escribo estas líneas en un avión que me lleva desde Trujillo, vía Lima, hasta Santiago. Es viernes por la noche y el cansancio, después de una semana de viaje por tres países, hace mella.

Hace poco más de un par de horas, junto con algunos colegas, tuve que abandonar precipitadamente – siete personas en un taxi – el hotel en que me alojaba, en medio del caos. Un nuevo episodio de las riadas (huaicos en el sonoro castellano del Perú) que se han cobrado decenas de vidas estos últimos días en el norte del país se iniciaba: las autoridades habían dado la orden de desalojar el centro de la ciudad. En pocos minutos, el precioso casco histórico de Trujillo se encontraba totalmente inundado, cubierto de barro, agua y piedras.

Durante la mañana, había participado en un seminario – organizado por la Embajada de Japón en Perú y por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – cuyo objeto era compartir la experiencia del Hub Digital de Temuco. Ante representantes de los tres niveles de la Administración peruana y de las universidades trujillanas, colegas de everis y autoridades del Gobierno de Chile explicamos cómo, en los últimos años, hemos logrado convertir la capital de la Araucanía en un polo de innovación abierta que, en estrecha cooperación con la Academia, desarrolla software de clase mundial y ya genera cuatrocientos empleos de alta calificación.


everis cuenta, desde hace poco más de un año, con un Centro de Alto Rendimiento de desarrollo de software en Trujillo, en el que trabajan cien jóvenes profesionales provenientes de las universidades de La Libertad. Presentando la iniciativa chilena a los actores locales, estamos dando un primer paso para crear el tercer nodo de la Red Latinoamericana de Hubs Digitales, tras el de Temuco y su spin-off especializada en Salud de Concepción, también en Chile.

El tremendo contraste de las situaciones vividas hoy, esa carrera entre el barro reseco de las lluvias de un par de días antes, invita a una reflexión profunda. En apenas unos minutos, un lugar se transforma.

Hasta poco antes del almuerzo, acoge el muy necesario debate público-privado sobre la innovación tecnológica como pilar para la evolución de un modelo productivo que se agota, para el paso de una economía basada en la extracción de recursos naturales a otra apalancada en el conocimiento. A primera hora de la tarde, muta en el dramático escenario que evidencia las enormes carencias en infraestructuras básicas de las que todavía adolece Latinoamérica. Carencias que, lamentablemente, motivan un inaceptable número de pérdidas humanas.


Surgen, entonces, las preguntas. En países como Perú y buena parte de sus vecinos latinoamericanos, ¿Es posible compatibilizar políticas de transformación del modelo económico con las imprescindibles actuaciones, estructurales y amplísimas, en infraestructuras básicas? ¿Puede priorizarse la asignación de recursos a la transformación digital sobre actuaciones elementales en vivienda, carreteras o canalizaciones hídricas? ¿Podemos exigirle a los máximos responsables políticos que sitúen en su agenda el desarrollo tecnológico por delante – o, al menos, a la par – de la cobertura de necesidades esenciales del presente?

Es evidente hacia dónde va el futuro. Y es evidente que ya llegamos tarde a ese futuro. Pero es que el presente es muy jodido.