El sistema penitenciario en Latinoamérica: los desafíos de un problema invisible


Durante dos días he tenido la oportunidad de participar, invitado por el BID, en el taller de innovación "Cárceles más humanas - soluciones tecnológicas centradas en la rehabilitación de las personas". Una experiencia muy provechosa, fundamentalmente por la diversidad de perfiles, realidades y geografías presentes: autoridades de las instituciones penitenciarias de diferentes países latinoamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, El Salvador o Costa Rica), expertos europeos, representantes de empresas tecnológicas y de ONGs vinculadas a la reinserción de los egresados del sistema penitenciario. Intensas horas de reflexión colectiva que pusieron de manifiesto los importantísimos desafíos existentes y plantearon cómo la tecnología puede contribuir a resolverlos.

Quizás el principal problema que tiene el sistema penitenciario en América Latina es su invisibilidad. Y es invisible porque, pese a su importancia capital, ni a las autoridades políticas ni a los ciudadanos nos gusta mirar hacia él. No nos gusta conocer el insoportable nivel de hacinamiento en las prisiones. Ni que el 40% de los internos todavía no tienen una condena firme. Nos incomoda saber que más de la mitad de la población privada de libertad tiene problemas derivados de la droga o el alcohol, adicciones que persisten; que casi un tercio ya había sido condenada previamente, pero vuelve a delinquir porque no tiene oportunidades de insertarse socialmente.

Tampoco somos conscientes de que, en los últimos quince años, el número de privados de libertad en Latinoamérica se ha incrementado cerca de un 150% mientras los índices de criminalidad no descienden. Paralelamente, el populismo político penitenciario clama por un aumento de penas de prisión - tipología y duración - alentado por la opinión pública; aumento de penas que, bajo el esquema actual, no conducirán sino a mayor hacinamiento en las cárceles y a menores oportunidades de reinserción.

No nos gusta saberlo, pero el círculo vicioso Vulnerabilidad/Exclusión -> Delito -> Prisión -> Vulnerabilidad/Exclusión es un drama que afecta a 1,5 millones de familias en la región; un drama que seguirá creciendo si no se produce un cambio drástico de paradigma en la política penitenciaria, pasando de un foco de vigilancia y custodia a un foco de rehabilitación e inserción totalmente centrado en la persona.

Penal de La Esperanza, El Salvador. Foto: Pau Coll - RUIDO Photo
Es imposible enunciar en un breve artículo la totalidad de desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios latinoamericanos, pero sí me gustaría destacar algunos de los que se situaron en el centro del debate durante el taller, empezando por las condiciones de vida de los internos.

Cuantitativamente, la infraestructura carcelaria es insuficiente y obsoleta, generando escenarios de superpoblación - cuando no hacinamiento - agravados también por la exigua dotación de personal, lo cual redunda en situaciones de criminalización de delincuentes menores o inadecuado tratamiento de adicciones. Cualitativamente, la infraestructura está orientada a la custodia y la seguridad, mucho menos a la rehabilitación; de manera similar, en lo relativo a los funcionarios, el perfil policial y de vigilancia no está suficientemente balanceado con la dotación pertinente de profesionales educativos, sanitarios, de asistencia social o psicológica o, al menos, con una capacitación básica en estas materias. Conceptualmente, el énfasis se pone en la vigilancia y el control, cuando debiera estar situado en modificar conductas asociadas al riesgo delictual y en otorgar a los internos herramientas que faciliten su posterior reinserción.

Quizás el desafío mayor corresponda precisamente con la reinserción de los egresados del sistema, el que debiera ser su principal objetivo. Muchas mejoras son necesarias en la gestión de la transición entre la situación de interno y el egreso, en el acompañamiento activo del proceso de reinserción y en el seguimiento de largo plazo. En fin, en el diseño e implementación de políticas de inclusión post-penitenciaria que, por su propia naturaleza, deben ser de carácter marcadamente transversal, implicando a los servicios sociales, de empleo, de salud y de vivienda, entre otros.

Un tercer factor es la escasez y falta de calidad de la información con la que cuentan las autoridades para el ejercicio de su función. En no pocas ocasiones, hay carencias en datos elementales de gestión, como una identificación fehaciente y completa de la población penitenciaria o de todos los actos administrativos y judiciales vinculados a su condena, frecuentemente gestionados en papel y con rudimentarios esquemas de intercambio de información entre las instituciones implicadas. A partir de esta base tan frágil, usos más avanzados orientados al perfilamiento y conocimiento exhaustivo de los privados de libertad, para el diagnóstico y programación específica del trabajo con ellos, pese a ser esenciales, están todavía lejos de ser una realidad.

Pero, probablemente, el mayor desafío lo encontremos en el propio diseño de políticas. A día de hoy, es posible afirmar que la política penitenciaria en Latinoamérica es, en general, una política aislada basada en un modelo custodial y punitivo, en el que - salvo alguna excepción - tanto los mecanismos de reinserción como los sistemas alternativos de cumplimiento de penas (es cierto que motivados por una buena dosis de "pereza judicial") distan mucho de alcanzar el nivel de presencia y efectividad que sería deseable.

Es necesario y urgente un cambio paradigmático en la política penitenciaria, que debe pasar a ser un eslabón más de una política general de lucha contra el delito, que comienza en la prevención - muy vinculado al tratamiento de situaciones de vulnerabilidad y exclusión, con un importante factor intergeneracional - y termina en mecanismos activos de inclusión post-penitenciaria, ambos los dos principales focos de énfasis.

Estimaciones del BID sitúan el gasto penitenciario en América Latina en unos 14.000 millones de dólares anuales: una cantidad que, a la vista de los resultados y los desafíos pendientes, está muy malgastada. Y la responsabilidad no se encuentra, ni mucho menos, únicamente en las instituciones penitenciarias, que en muchas ocasiones pelean solas contra el citado populismo político penitenciario, la desidia judicial y una opinión pública que no mira, pero, cuando lo hace, es para echar más leña al fuego.

Un millón y medio de familias merecen una segunda oportunidad. Muchas de ellos se contentarían, al menos, con que les diéramos la primera.

Un "Ministerio de lo Digital" no es el camino


El mundo de esta primera mitad del siglo XXI viene caracterizado por el cambio. Por el ritmo del cambio, en una aceleración permanente, pero también por la complejidad e incertidumbre crecientes que incorpora.

Los gobiernos tienen que gestionar ciclos económicos más cortos, factores globales mucho más poderosos que continuamente amenazan con distorsionarlos, innovaciones tecnológicas disruptivas con un impacto enorme – inmediato y de largo plazo – en todos los ámbitos de la vida. En los países en desarrollo, estos desafíos vienen a sumarse a las carencias todavía por resolver en materias tan esenciales como las infraestructuras básicas, la lucha contra la pobreza, el desarrollo urbano o la educación, por citar solo algunos.

Al mismo tiempo, las expectativas del ciudadano crecen en relación con la prestación de servicios públicos de mayor calidad, que deben ser equiparables en su nivel de adopción tecnológica a los del sector privado. También demanda la ciudadanía resultados de gestión, participación y coherencia política, en un entorno en el que el ámbito de actuación de los gobiernos se hace más amplio, difuminando sus límites, y en el que el acceso a la información está, de forma inmediata, al alcance de la sociedad civil.

No resulta sencillo, desde luego, transformar las estructuras y dinámicas de gobierno para responder a las crecientes expectativas en un entorno de vertiginoso cambio. Transformarlas radicalmente, además, porque en las últimas décadas las administraciones latinoamericanas han respondido a duras penas al aumento en la complejidad de gestión que supone la multidimensionalidad de la acción de gobierno – las respuestas ya no son admisibles desde una visón sectorial, sino que en la mayoría de los casos requieren acción transversal –, la paulatina descentralización competencial y el propio crecimiento de estructuras administrativas.

Este último, el de la fragmentación institucional, es un problema que se ha venido agudizando durante los últimos años, en los que hemos asistido a la proliferación de estructuras verticales que ha venido a profundizar en la compartimentación de la gestión, cuando lo que la situación demanda es todo lo contrario: una visión holística y una fuerte coordinación de las políticas públicas.

Estos factores – rapidez del cambio, complejidad creciente de la gestión, expectativas ciudadanas al alza, inercia hacia la fragmentación institucional – implican que la aproximación tradicional a las estructuras de gobierno no sea útil para hacer frente a los desafíos del contexto digital.

Los Gobiernos necesitan ser capaces de responder a los nuevos retos y demandas de la sociedad de manera rápida, eficiente y efectiva; de anticiparse a los cambios promoviendo la acción legislativa adecuada; de transformar su manera de prestar servicio incorporando ágilmente las innovaciones tecnológicas a su operación; de mantener el acercamiento al ciudadano a través de la descentralización, recuperando la visión integral de la acción gubernamental.

En 2018, el hilo conductor de la acción transversal de gobierno no puede ser otro que lo digital. Plantear políticas públicas en salud, seguridad ciudadana, transparencia o movilidad urbana sin considerar como elemento nuclear el impacto de la inteligencia artificial, la analítica de datos o el Internet de las cosas es cerrar los ojos a los factores más influyentes hoy y, cada vez más, mañana. Hacerlo en educación, pensiones, empleo o transformación productiva es, sencillamente, no haber entendido las fuerzas que van a moldear el resto del siglo XXI.

Disponer de una arquitectura institucional que garantice esa consideración es, por tanto, indispensable para no perder el tren del futuro. Y, a mi juicio, esa arquitectura institucional debe cumplir cuatro requisitos.

En primer lugar, la condición sine qua non, el liderazgo al máximo nivel, el liderazgo presidencial. La magnitud de la transformación es tal y su impacto a todos los niveles tan profundo, que solo desde el liderazgo del máximo nivel político, solo desde el impulso presidencial, será posible alinear a todos los actores necesarios para afrontar el desafío de incorporarnos al futuro.

Después, una institucionalidad fuerte, pero no redundante ni sectorial. ¿Cómo materializar esta institucionalidad? Un “Ministerio de lo Digital”, si bien siempre es positivo que exista en tanto unidad ejecutora de ciertas políticas, no es la solución. Porque su propia existencia contribuye a aumentar la fragmentación y los enfoques sectoriales antes que transversales; porque lo digital tiene que estar plenamente imbricado en las diferentes políticas sectoriales, no impulsado o fiscalizado por un tercero; y porque ya existe el Centro de Gobierno, quien posee los mecanismos y capacidades de coordinación interinstitucional necesarios para garantizar la visión integral y coherencia de la estrategia y su despliegue. Con un mandato inequívoco, en forma de Agenda Presidencial, y con los recursos humanos, económicos y normativos adecuados, el Centro de Gobierno es la institución transversal adecuada para conducir la acción de los diferentes ministerios sectoriales, sin que ello suponga en absoluto limitar su autonomía en la ejecución.

En tercer lugar, la asimilación de que el sector privado es un aliado, no un rival. En el diseño conjunto de las políticas, en la co-ejecución, en el monitoreo y, por supuesto, en la financiación.

Y, finalmente, unas estructuras operativas que garanticen la correcta ejecución de las políticas: el éxito de la acción de gobierno pasa, necesariamente, por garantizar la implementación de las políticas diseñadas. Y, lamentablemente, muchas veces se infravalora la dificultad de llevarlas a la práctica, de hacer que las cosas ocurran.

Latinoamérica, pese a todas las dificultades que enfrenta, es una región que prospera. Sin embargo, el nuevo contexto digital viene a generar una elevada situación de incertidumbre económica y social. Mantenerse anclados en los paradigmas del pasado, agarrarse al statu quo no puede ser una opción.  Solo queda afrontar con decisión el tránsito a la economía digital, reconociendo los riesgos que entraña, tratando de que el camino fortalezca a la Región y no deje a nadie olvidado. Y, en este contexto, la arquitectura institucional que guíe la acción de gobierno es absolutamente esencial.

La tecnología: punto de encuentro entre el desarrollo económico y el social


Dice el BID en su informe Panorama de las Administraciones Públicas de Latinoamérica y Caribe de 2017: “Las desigualdades plantean un desafío crítico para los gobiernos. No sólo afectan el crecimiento económico y crean malestar social, sino que también dificultan el acceso a oportunidades y servicios públicos básicos.” Tras señalar que América Latina y el Caribe (ALC) sigue siendo la región más desigual del mundo, concluye: “Los gobiernos de ALC necesitarán diseñar e implementar políticas que promuevan un fuerte crecimiento económico y creación de empleo, mientras continúan trabajando para garantizar un acceso más equitativo a servicios costo efectivos a la población.”

Efectivamente, los gobiernos latinoamericanos vienen articulando su agenda política en torno a dos grandes ejes, pero no han logrado que ambos dialoguen. Es más, en algunos casos (en las recientes presidenciales chilenas, sin ir más lejos) se presentan ante la ciudadanía en la discusión pública - equivocadamente - como prioridades contrapuestas y casi irreconciliables.

En una esquina del cuadrilátero se encuentra el conjunto de políticas sociales y de igualdad de oportunidades. La entrega de servicios públicos esenciales (educación, salud, justicia, seguridad…), la modernización del Estado en sentido amplio (transparencia, empleo público, descentralización, eficiencia…) y las políticas sociales propiamente dichas (familia y prestaciones sociales, empleo, pensiones…) conforman este gran epígrafe de la acción de gobierno.

En la opuesta, la agenda de crecimiento económico y competitividad, encaminada a acelerar la transición desde una matriz productiva basada en los recursos naturales hacia la economía digital basada en el conocimiento. Acá encontramos las políticas en materia de capital humano, productividad empresarial, innovación y emprendimiento, internacionalización económica, modernización del mercado laboral, etc.

Desde mi punto de vista, dos ejes de acción transversales – desarrollo tecnológico aplicado por una parte e impulso serio de la evolución a la economía digital por otra – serían la base no solo para potenciar individualmente cada uno de los dos grupos de políticas, sino para dar coherencia global y compatibilizar las agendas de desarrollo económico y social.

¿No es racional pensar que, por ejemplo, la transformación digital de la salud pública, además de mejorar sustancialmente la calidad de ésta, podrá inducir innovación y empleo cualificado y, en tanto problemática compartida en toda la Región, exportaciones de valor añadido?

La clave principal está en la acción transversal de gobierno

Pero la necesaria transversalidad choca de bruces con el funcionamiento en silos - descoordinados en buena parte de los casos, incongruentes y hasta contradictorios en no pocas ocasiones - de los diferentes ministerios y departamentos de gobierno. Transformar económica y socialmente un país requiere una mirada integral al impacto que la adopción creciente de tecnologías digitales puede generar en el mismo:

  • Desde una perspectiva completa de la Administración Pública, en sus diferentes niveles (nacional, regional, local) y acorde su peso en la economía del país (en torno al 25% del PIB).
  • Considerando las tecnologías digitales como palancas transversales de productividad y desarrollo económico y social.
  • Considerándolas, asimismo, como habilitadores esenciales en la mejora de la calidad y capilaridad de los servicios públicos.
  • Bajo un prisma de cooperación público-privada, como único mecanismo viable para el desarrollo digital de un país.
  • Y como política de impulso desde la demanda de una industria específica, la de las tecnologías digitales, llamada a cobrar un peso cada vez más relevante en la matriz productiva y laboral latinoamericana.

Sí, es imprescindible una evolución clara en la consideración de las políticas de desarrollo digital y modernización del Estado: es tiempo de que dejen de ser un capítulo más en programas y agendas y se conviertan en un instrumento efectivo para lograr un impacto transversal en la acción de gobierno. Lo cual, por cierto, nunca será posible sin un liderazgo claro en su diseño y ejecución, tanto orgánico como político y presupuestario: algo de lo que estamos muy lejos en la gran mayoría de los países.


Según mi manera de verlo, el enfoque adecuado para estas políticas debe combinar tres aproximaciones:

  • La pragmática, basada en la adopción de las tecnologías digitales en aquellos ámbitos (de servicio público y/o actividad económica) que se pueden beneficiar de la misma directamente y en el corto/medio plazo.
  • La audaz, basada en la búsqueda de espacios de transformación y leapfrogging, desde una mirada tanto de cambio de modelo productivo, exportación de valor añadido y apalancamiento en las ventajas comparativas del país, como de mejora radical de los servicios públicos.
  • La estructural, basada en establecer políticas transversales que sirvan como soporte de largo plazo a los diferentes ámbitos de actuación que se proponen seguidamente.

Los espacios para actuar

Así pues, tenemos hasta el momento las siguientes ideas: política integral y transversal al gobierno, liderazgo efectivo cercano a los centros de decisión y combinación de perspectivas pragmáticas, audaces y estructurales. Ahora bien, ¿cómo, a qué y cuándo aplicar esas ideas?

Para no hacer eterno este artículo, la respuesta a esa pregunta quedará para uno próximo. Simplemente introduzco en la siguiente figura un framework para las políticas de desarrollo digital que enmarca las ideas presentadas en los párrafos anteriores y que creo puede dar respuesta al desafío de ordenar la acción de gobierno en este ámbito:

  • Arquitectura institucional transversal al gobierno
  • Medidas basales o estructurales de medio y largo plazo
  • Iniciativas para la adopción y la innovación digitales (al igual que para el punto anterior, los contenidos de los cuadros son meramente ilustrativos)
  • Espectro de actuación que abarca desde los servicios públicos hasta la economía digital



Regreso al punto de partida. No, no es ni mucho menos imposible conciliar la búsqueda de la mejora de oportunidades y la reducción de la desigualdad con la transformación del modelo productivo y el impulso del crecimiento económico. Y, muy probablemente, la principal clave para lograr esa conciliación es la tecnología.

[Referencias de las imágenes: cabecera salud e intermedia industria 4.0]

Por qué la certidumbre regulatoria es un problema en la economía digital


La semana pasada vivíamos un nuevo capítulo de la encarnizada batalla legal que Uber pelea en Europa desde hace varios años. El Tribunal de la UE dictaminó que es una empresa de transporte y no un servicio digital, decisión que genera los siguientes efectos:

  • En la práctica, ninguno. En España, de donde proviene la denuncia por parte de las asociaciones del taxi, tanto Uber como Cabify operan (y podrán seguir operando) mediante licencias VTC. Incluso la tan cacareada prohibición del servicio en Londres no ha sido efectiva ni, probablemente, lo llegue a ser.

  • Los lobbies de la obsoleta industria del taxi cantan una victoria que no es tal, presionando para que se limite la liberalización de licencias, atrincherándose en sus propios intereses monopolísticos. El Estado, de momento, consiente protegiendo vía autorización administrativa oligopolios regulados ineficientes, cerrados a la competencia y que penalizan a los usuarios finales.

  • El transporte se regula al nivel nacional. Quiere decir que, en la Unión Europea, 28 países desarrollarán 28 normas distintas. Y que, en algunos como en España, gobiernos autonómicos y locales dispondrán de sus propias normas subnacionales. Una fragmentación regulatoria inmanejable, en un mercado de servicios (sean de transporte o de cualquier otro ámbito) cada vez más global y que, por tanto, demanda normas globales. La legislación europea golpea los tímidos intentos de la Comisión por establecer líneas comunes en torno a la economía P2P y su potencial de generación de empleo y crecimiento económico.


Mientras tanto, en Estados Unidos, Lyft ofrece servicios sin conductor en Boston y Google, a través de su filial Waymo, hace lo propio en Phoenix. En Europa lobbies y legisladores se empeñan en proteger los intereses establecidos; del otro lado del Atlántico, las empresas tecnológicas innovan y prueban en real el futuro presente del transporte al tiempo que startups de la movilidad florecen sin mayores trabas, sin que nadie intente ponerle puertas al campo.

En este contexto, no es de extrañar que en la carrera digital el ganador sea Estados Unidos. Porque Europa es incapaz de generar un marco legal unificado que, de una vez, proteja al que arriesga a través de la innovación frente a los gigantes incumbentes. Y porque se empeña en convertir la mayor fortaleza del viejo continente - la riqueza de su diversidad cultural - en la ya citada desesperante fragmentación regulatoria. Los datos son elocuentes (Fuentes: WEF y NY Times).




Es evidente que regular la realidad vertiginosamente cambiante de la economía digital no es fácil en absoluto. Pero no es menos cierto que los esfuerzos de los gobiernos por fomentar la innovación y el emprendimiento de base tecnológica se diluyen como un terrón de azúcar en el amargo café de la legislación general y de los intereses económicos. ¿Por qué?


  • Por una parte, está la estructura en silos ministeriales de los gobiernos. La mayoría de las veces, el uno no sabe lo que está haciendo el de al lado. Con una mano se crean e impulsan agendas de fomento de la innovación y desarrollo digital que con la otra se frenan - si no se anulan - con medidas sectoriales. Esta estructura no puede funcionar en una economía en la que las fronteras entre sectores de actividad se están difuminando hasta desaparecer en no pocos casos. Estamos ya en un mundo de ecosistemas digitales que no entiende de límites administrativos.

  • Por otra, los viejos paradigmas sobre la legislación quizás deban cambiar. Es posible que la permanencia y la estabilidad, el largo plazo, ya no sean lo más conveniente. Podría ser que debiéramos empezar a entender la legislación como un proceso iterativo, imperfecto pero dinámico. La velocidad de los cambios, la inmediata escalabilidad que genera el efecto de red de la economía digital, las cada vez menores barreras de entrada a nuevos competidores invitan a asumir riesgos, a evolucionar hacia una regulación anticipatoria. Quizás haya llegado el momento de gestionar el riesgo regulatorio, en lugar de evitarlo; de cuestionar si la aplicación de principios tradicionales, como el de precaución, podría inhibir la innovación productiva de manera calamitosa.

  • En tercer lugar, los mercados regulados pueden tener sentido en determinadas circunstancias técnicas, económicas o de servicio. Pero las cosas cambian, y mucho, con la tecnología. ¿Por qué mantener cerrado un mercado para eternizar un servicio mediocre? ¿Por qué no abrirlo a nuevos competidores que, apalancándose en la tecnología, pueden incrementar sustancialmente calidad, precio y eficiencia?

  • Finalmente, con la revolución digital el foco legislativo no ha mostrado la capacidad de adaptarse. ¿De verdad lo relevante es si Uber es una plataforma digital o una empresa de transporte? Cuesta creerlo en la época del florecimiento de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de los vehículos autónomos o de la ciberdelincuencia. Cabría pensar que el legislador deba poner algo menos de foco en las presiones de la industria hotelera contra Airbnb y prestarle más atención a cómo va a controlar los cárteles algorítmicos.



¿Y cómo se sitúa Latinoamérica en este contexto? Como indica Pedro Farías, debatiéndose entre la regulación inteligente y la burocracia. Efectivamente, las dudas e incertidumbres que afectan a Europa no están ausentes en la región. La polémica con Uber, sin ir más lejos, afecta a países como Argentina o Chile. En este último, el parlamento se encuentra tramitando una legislación específica en esta materia que, siendo una buena noticia en sí misma, arroja tantas luces como sombras.

Sin embargo, prefiero destacar la importantísima oportunidad que afronta la región. Desde las instituciones multilaterales, se están impulsando muy relevantes políticas comunes para la economía digital, desde un mercado único digital latinoamericano comparable en población al europeo - y que choca, cómo no, con la "obsolescencia" de marcos regulatorios nacionales "demasiado heterogéneos" - hasta la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, con uno de sus ejes prioritarios enfocado a la normatividad común.

Sí, Latinoamérica enfrenta la oportunidad de quemar etapas en su competitividad evitando los errores cometidos por otros, en beneficio de su desarrollo económico y social. Pero ello pasa necesariamente  por un cambio en la mentalidad regulatoria de gobernantes y legisladores. Por que entiendan que la regulación preventiva no es el único camino, ni siquiera el mejor. Que los entornos abiertos, el apoyo a la innovación y la competencia, junto con la tecnología, son el camino para el desarrollo de la economía de la región y del futuro laboral de los latinoamericanos.

Parafraseando a Ignacio de León, quizás la mejor forma de lidiar con la economía digital es trabajar de cerca con sus actores, con la serenidad del domador de elefantes, en lugar de entrar en pánico al verlos entrar en la cristalería.

[Acreditación de la imagen de cabecera]

BioHIC, Hub de Salud de Concepción: la fuerza de la colaboración, la fuerza de la innovación


La región del Biobío, ubicada en el centro-sur de Chile, es la segunda más poblada del país – tras la Metropolitana de Santiago – con alrededor de dos millones de habitantes, de los que aproximadamente la mitad viven en su capital, el Gran Concepción, también la segunda aglomeración urbana tras Santiago.

El área portuaria de Talcahuano alberga importante industria pesada – siderúrgica y astilleros –, mientras el resto de la actividad es esencialmente pesquera, agrícola y forestal. En términos de PIB per cápita, el Biobío se sitúa en la mitad inferior de las regiones chilenas.

En este contexto geográfico y económico, durante los últimos meses se ha venido gestando una alianza público-privada en torno a la innovación tecnológica llamada a jugar un papel muy importante en la transformación del modelo productivo del Biobío. Ahora, el resultado de este trabajo conjunto se ha hecho visible.

Ayer nació BioHIC (Biobío Health Innovation Center), el Hub Digital de Salud de Concepción. Un polo de innovación abierta que aglutina, en torno al Hospital Guillermo Grant Benavente (el hospital público más grande de Chile, con mil camas y un área de influencia de dos millones de personas), a las seis universidades públicas y privadas más importantes de la ciudad, al tejido emprendedor del Biobío y a everis. Su propósito: innovar en tecnologías de la información aplicadas a la Salud para convertir al Grant Benavente en el primer hospital digital de Chile.


Con el apoyo del Ministerio de Economía de Chile a través de CORFO, BioHIC parte con el objetivo de apostar por la innovación en el sector de la salud e impulsar el ecosistema de emprendedores regional y nacional, una línea de acción más para el desarrollo productivo de industrias digitales inteligentes. Con dedicación exclusiva a desarrollos tecnológicos en el sector, se pretende que BioHIC se posicione como un polo de innovación en Salud referente para Chile y toda América Latina.

BioHIC nace con un propósito: innovar en tecnologías de la información aplicadas a la Salud para convertir al Grant Benavente en el primer hospital digital de Chile.

El Hub de Salud de Concepción es el segundo nodo de la red de polos de innovación tecnológica que everis impulsa en toda Latinoamérica, tras el Hub Digital de Temuco, proyecto exitoso que ya genera 400 empleos calificados en la Araucanía y exporta el 70% de su producción, situando a Temuco como en el centro de la economía de servicios de alto valor que trata de impulsar el Gobierno de Chile.


Ambas iniciativas tienen un punto en común, decisivo además tanto en su concepción como en su posterior desarrollo: la cooperación entre el Gobierno, la Academia y la empresa privada. Sí, por sorprendente que parezca, la triple hélice puede girar cuando existen las voluntades.

Si en Temuco la Macrofacultad de Ingeniería que conforman las universidades de La Frontera, Talca y Bío-Bío es un socio fundamental del Hub Digital, en Concepción son hasta seis entidades las que aportan su capacidad investigadora y de generación de talento: la propia Universidad del Bío-Bío, la de Concepción, la del Desarrollo, la Federico Santa María, la San Sebastián y la Católica de Concepción.

Desde el lado del Gobierno, en ambas iniciativas CORFO y los gobiernos regionales se han volcado en aunar puntos de vista y sumar fuerzas para hacer los proyectos posibles. Y en Concepción, la dirección del Hospital y de los Servicios de Salud de la región han visto la inmensa oportunidad de transformarse en beneficio último de la ciudadanía.

Multinacionales tecnológicas, pequeños emprendedores cargados de ideas e ilusión, universidades públicas y privadas, Gobierno. Todos juntos, cuando hay un horizonte y un propósito común, pueden hacer grandes cosas. Pueden convertir oportunidades en realidades de desarrollo en un entorno abierto y cooperativo. Pueden, por qué no, transformar regiones completas. ¡Éxito para BioHIC!

Una necesaria Agenda Digital para la Alianza del Pacífico


La cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico celebrada en Puerto Varas (Chile) el pasado mes de julio arrojaba una excelente noticia: se establecía el mandato presidencial de elaborar e implementar una Agenda Digital de la Alianza del Pacífico.

Fruto de ese mandato, acaba de celebrarse en Santiago el Primer Diálogo Público-Privado de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico. Dos días de intenso trabajo, intercambio de opiniones y, sobre todo, conversación constructiva en los que he tenido el privilegio de participar.

Los desafíos que tienen que afrontar los cuatro países son inmensos, a la altura de la oportunidad que supone un espacio de integración económica, social y de innovación de 220 millones de habitantes y un PIB de casi dos billones de dólares con una fuerte base cultural común.

Cuatro son los ejes programáticos en torno a los que se estructura la elaboración de la Agenda Digital:

  • La economía digital, entendida como una componente transversal indivisible de la economía global.
  • El ecosistema digital, elemento habilitante de la economía digital, con un marcado peso de la normatividad común.
  • El gobierno digital, llamado a permitir que las administraciones respondan adecuadamente y se anticipen a las necesidades de los ciudadanos.
  • Y la conectividad digital, sobre la que se sustenta todo lo anterior.

Los temas de debate fueron numerosísimos, enriquecidos por las diferentes perspectivas en juego cuando a la mesa están sentados los gobiernos, las entidades multilaterales, las asociaciones gremiales, las empresas de servicios tecnológicos, los grandes gigantes de Internet o algunos de los protagonistas de la economía P2P, como Uber o Airbnb.


Así, el mercado digital de la Alianza, el apoyo a la innovación y el emprendimiento digitales, la ciberseguridad, las grandes infraestructuras de telecomunicación, el capital humano, la neutralidad de la red, los servicios al ciudadano, los datos abiertos... todos los tópicos obligados cuando se discute sobre esta materia estuvieron presentes en el diálogo.

Más allá de los contenidos específicos de los que se dote a la Agenda y de la priorización que se otorgue a las diferentes políticas diseñadas, existen desafíos que, a mi juicio, son decisivos en el buen transcurrir de la misma.

Empezando por su diseño estratégico, que debe ser puesto al servicio del objetivo principal de la Alianza:

Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, superar  la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes

Es imprescindible evitar la creación de una agenda que sea la suma de agendas nacionales y que tampoco puede ser la suma de agendas temáticas en torno a los ejes programáticos definidos, ambos errores muy presentes en las políticas nacionales. La transversalidad y los esfuerzos compartidos deben tener una presencia marcada en la Agenda Digital.

Precisamente la transversalidad es otra de las claves. Transversalidad nacional y temática, como ya se ha indicado. Transversalidad público-privada, tanto en el diseño y ejecución de las políticas como en la consideración del impacto de las medidas: las fronteras entre lo público y lo privado, en el ámbito digital, son cada vez más difusas. Transversalidad temporal, en el sentido de que sean políticas de Estado, permanentes, no sujetas a los vaivenes de los gobiernos de turno.

En tercer lugar, la imprescindible armonización de normativas, políticas y estándares. Desde esquemas tributarios y medios de pago hasta regulación de servicios digitales y de creación de empresas; desde bandas de espectro y tratamiento de la privacidad, hasta espacios de cualificaciones profesionales y compras públicas de servicios.

Y, last but not least, la gobernanza de la Agenda Digital, la definición de los instrumentos multilaterales - financieros, regulatorios, institucionales - que marcarán la diferencia entre otro bonito documento y una política que pueda transformar la realidad social y económica de la Alianza del Pacífico. Un modelo de gobernanza, por cierto, en el que la presencia privada se me antoja esencial. Sin duda, un reto no menor a la vista de los cócteles institucionales asociados al desarrollo digital en alguno de los países miembros.

En fin, un apasionante desafío por delante. Un desafío que, de afrontarse con éxito, marcará una senda de transformación imparable en Chile, Perú, Colombia y México. De momento...