Historias de lo público

Hace un año tuve la oportunidad, invitado por el BID, de participar en URBANTEC Brasil 2015 Smart Solutions for Better Cities, en Río de Janeiro. En un panel integrado por importantes empresas tecnológicas, como Microsoft o Cisco, más que a dar otro punto de vista (otro más) sobre las ciudades inteligentes, preferí orientar mi intervención a formular preguntas que alimentaran el posterior debate, a plantear un discurso algo distinto basado en las todavía muchas interrogantes acerca de las ciudades inteligentes.

Desde la factibilidad técnica hasta la sostenibilidad económica, pasando por la regulación asociada o por cuáles deben ser las referencias a tomar, planteé una serie de interrogantes para motivar el debate. Me ayudó a generar polémica el hecho de que, la misma semana que se celebraba en Río ese foro de ciudades inteligentes, el prefeito de Río ¡prohibió el uso de Uber en la ciudad! (decisión que fue revocada por una jueza poco después).

Comparto aquí la presentación que utilicé: creo que sigue plenamente vigente un año después.



[Atribución de la imagen de cabecera]

Cuando pensamos en la aplicación de las tecnologías de la información para la modernización administrativa, inmediatamente nos vienen a la cabeza naciones asiáticas – Singapur, Corea, Japón –, referentes europeos o países-laboratorio como Estonia (que no dejan de ser ejemplares, pero que por su tamaño y complejidad quizás no puedan ser considerados como referencias totalmente válidas).

Sin embargo, en Latinoamérica existe una experiencia de eliminación total del papel en la gestión administrativa sin duda pionera a nivel mundial. Y, además, en un país de la complejidad institucional y administrativa que deriva de un modelo federal, como es Argentina. Pablo Clusellas, Eduardo Martelli y María José Martelo nos cuentan esta experiencia en un artículo en la publicación de IEEE ITProfessional, bajo un muy sugerente título: “Ending the Tyranny of Paper in Argentina”.

Bajo el mandato del actual presidente de la República Mauricio Macri, y en un período de únicamente seis años, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) eliminó completamente el papel como el “medio funcional, legal y de archivo” para sus procesos administrativos. Completamente.

En ese poco más de un lustro, el GCABA venció una batalla que involucraba a 125.000 empleados públicos y 1.300 procedimientos administrativos, como consecuencia de la cual ciudadanos y empresas pueden operar remotamente unos 200 servicios de la Ciudad. Pero el resultado más relevante es que, desde su implantación, se han generado más de 120 millones de documentos electrónicos originales, en sustitución absoluta de sus equivalentes en papel, facilitando una evolución “desde una burocracia basada en papel hasta una digitalización completa de los procedimientos administrativos”.

Las reflexiones que se derivan del artículo, que combinan una aproximación conceptual con la pragmática claridad del que ha recorrido el camino, son bien interesantes. Aborda la reforma necesaria como un verdadero cambio de paradigma, en el que el “síndrome de la protección legal irrazonable” es uno de los enemigos a batir, ya que genera “procesos innecesariamente engorrosos que no agregan valor en absoluto, son lentos y no suficientemente transparentes para los ciudadanos”.

Los autores proponen que cualquier proceso de modernización o transformación “debe reemplazar los documentos basados en papel por documentos electrónicos” y en ello justifican la implementación de una plataforma única de gestión documental. Lo particularmente innovador de este planteamiento es el foco absoluto en el documento y no en el proceso, que suele ser el centro de la atención.

Y apuntan, además, tres factores clave en el éxito de la reforma abordada en el GCABA:

• Precisamente, el haber basado el racional y la estructura del sistema en los documentos (y solo luego, en una segunda etapa, en los procesos).
• El haber consolidado los aspectos legales, técnicos y políticos en un único equipo multidisciplinar.
• Y el haber abordado el cambio de manera integral, apostando sin ambages por la eliminación total del papel.

La conclusión del artículo es tan acertada como poética: “La reforma administrativa es una revolución paradigmática en cualquier gobierno y, como tal, siempre será pasionalmente resistida”.

Administrative reform is a paradigmatic revolution in any government and, as such, will always be passionately resisted

Parece que esa pasional resistencia no mina la vocación del equipo, desde hace unos meses en el Gobierno de la Nación. El interesante camino recorrido por el GCABA se traslada ahora al escenario de la Administración Federal Argentina, y el reto no es menor: 23 ministerios, trescientas secretarías y subsecretarías, 120 entidades autónomas y 570.000 empleados públicos. Aunque, menos de un año después de la toma de posesión de Macri, el documento electrónico ya es una realidad que gana terreno en diferentes ministerios.

En fin, una experiencia merecedora de ser tomada como indiscutible referencia, por eficaz y por innovadora. Innovadora por ese foco en el documento, factor clave para terminar con la tiranía del papel. Y, de paso, con la tiranía del proceso.

La Trilogía de la Fundación es una obra de Isaac Asimov que relata, en un futuro muy lejano, la decadencia de un gran imperio galáctico que se extiende a través de millones de planetas.

En ese futuro, el desarrollo tecnológico en determinados ámbitos es asombroso: las naves espaciales pueden saltar al hiperespacio y recorrer distancias de años-luz en un parpadeo; la energía atómica ha sido dominada hasta poder ser la base de escudos personales o de los electrodomésticos de los hogares; el armamento existente, temible, es capaz de destrozar mundos enteros.

En el centro de la galaxia, el planeta Trantor es la capital del imperio. El único espacio verde en toda la superficie es el jardín del palacio del emperador. El resto son enormes edificios metálicos en los que viven y trabajan los 40.000 millones de trantorianos, quienes se dedican única y exclusivamente a administrar toda la burocracia que genera un imperio de tan colosales dimensiones.

En ese futuro en el que la tecnología es tan impactante, parece que la labor administrativa no se ha beneficiado de esa evolución. En un pasaje, tras la llegada de una nave a Trantor, sus dos tripulantes se encuentran con

las múltiples complicaciones de un mundo concebido sobre el papel y dedicado al principio del cuestionario por cuadruplicado

Y los trámites para ser admitidos en el planeta fueron cualquier cosa menos sencillos:

Hicieron el alto preliminar, donde llenaron el primero de un centenar de formularios. Hubo cien interrogatorios [...], la toma de fotografías de la nave, el análisis de las características de los dos hombres y su subsiguiente registro [...], el pago del impuesto de entrada y, finalmente, la cuestión de las tarjetas de identidad y el visado de estancia.

Isaac Asimov escribió la Trilogía de la Fundación a primeros de la década de los 50 del siglo pasado, hace algo más de sesenta años. No nos encontramos en un futuro tan lejano como el del imperio galáctico, pero somos capaces de secuenciar el genoma humano por unos cientos de dólares, los vehículos ya son autónomos y la inteligencia artificial una realidad.

Y, sin embargo, seis décadas después, la Administración sigue con ese deje trantoriano de orientación al papel y al formulario por cuadruplicado. ¿No acertó Asimov a prever el futuro de las tecnologías aplicadas a la gestión pública? O, por el contrario, ¿era un visionario que supo anticipar que, por algún motivo que todavía no acierto a comprender, los gobiernos se mostrarían lentísimos en la adopción de las innovaciones tecnológicas?

Sea cual sea la respuesta, si no lo has hecho, no dejes de leer la Trilogía de la Fundación.

[Publicado originalmente en Linkedin el 7 de noviembre de 2016]

El Legislativo chileno se encuentra discutiendo un proyecto de ley para regular la actividad de Uber, Cabify y demás plataformas de similar naturaleza, hasta ahora operando, como en tantos otros lugares, en un espacio de alegalidad.

Que Chile opte por la regulación frente a la (inútil, por otra parte) prohibición es una noticia positiva desde cualquier perspectiva. Además, el proyecto de ley entra a cubrir aspectos básicos de cualquier servicio, como un registro de entidades que operan bajo este modo, un régimen de control y sanciones o, en este caso particular, la exigencia de determinado tipo de licencia a los conductores.

Encuentro particularmente positiva la obligación de ceder datos generados durante los viajes al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para que pueda ser usada en “la gestión del tráfico y en el diseño de nuevas políticas para el transporte de pasajeros”. La información generada por miles de vehículos circulando por las calles de las ciudades puede ser de gran utilidad para la toma de decisiones en la mejora de la movilidad urbana.

Sin embargo, hay aspectos del proyecto que no se soy capaz de entender. Uno de ellos, la “elitización” del servicio limitándolo a automóviles de alto estándar (“elevados niveles de confort y tecnología”), lo que parece un intento claro de limitar la competencia a los taxis a determinados segmentos de la población.

Y, sobre todo, la intervención en los precios estableciendo a los Uber y Cabify un pago regulado por kilómetro recorrido por sus vehículos, aludiendo a supuestas “externalidades negativas” sobre la congestión que se encuentran muy lejos de estar demostradas. En el marasmo de múltiples opiniones sobre este punto, un informe de la ciudad de Nueva York indica que el número de kilómetros recorridos no aumenta con este tipo de servicios: simplemente se distribuye entre modos. La Universidad de Arizona va más lejos e indica que el ride-sharing reduce la congestión.

Esta “tasa Uber”, además de impedir modelos que ya se están implantando de tarifa plana en movilidad urbana, se destina a un “fondo de innovación para el transporte remunerado de pasajeros” que, cuando se revisa la letra pequeña del proyecto, se evidencia como el pago del silencio del gremio de taxistas (ya que se destina a la renovación de taxis o a reducir el costo de las licencias).

Uno, que a veces es un iluso, pensaba que ese fondo de innovación iría destinado a desarrollar aplicaciones móviles para integrar la multimodalidad (incluyendo los taxis) en el comportamiento de los usuarios del transporte, para influir en sus patrones de movilidad. Como ya ha hecho Viena.

Pero la realidad es tozuda. Una vez más, en vez de favorecer la adopción de una tecnología que mejora las condiciones de servicio para los ciudadanos, penalizamos al innovador para que subsidie al incumbente, quien, irremediablemente (con el apoyo o sin el apoyo del legislador) se queda cada vez más obsoleto y está condenado a desaparecer.

Ojalá el Legislativo chileno haga primar, durante su debate, el interés ciudadano y la innovación tecnológica por encima de los intereses gremiales.

[Publicado originalmente en Linkedin el 29 de octubre de 2016]

Leo en el principal diario chileno una noticia que hace referencia a un ahorro en el sistema de compras públicas de Chile del 7,7% en relación con el año 2015, algo más de 373 millones de dólares. El encabezamiento del texto no deja lugar a dudas: "mejores resultados" que el año anterior.

Es evidente la necesidad de ajustar al máximo el gasto público, en especial en momentos en los que, como le ocurre a Chile ahora mismo, alcanzar el balance fiscal no es tarea nada sencilla. Pero ¿es posible simplificar hasta el punto de que se considere comprar más barato como sinónimo de comprar mejor?

Pienso en cómo el Gobierno de Chile está comprando servicios de consultoría y tecnología. Fundamentalmente, y de manera creciente, abandonando las licitaciones públicas y empleando de manera masiva un convenio marco de desarrollo y mantención de sistemas informáticos en el que se encuentran homologadas unas cuatrocientas empresas. Un procedimiento administrativamente muy sencillo pero que sitúa todo el peso de la licitación en el precio. La consecuencia directa, como no podía ser de otro modo, es un descenso continuado de las tarifas a las cuales se adjudican los contratos.

¿Se están comprando servicios de desarrollo de software más baratos? Sin duda. ¿Se está comprando mejor? A mi juicio, se está comprando peor; claramente peor. Porque se eliminan de la ecuación - no solo en la adjudicación, sino también en la gestión de los proyectos - los planteamientos técnicos, la productividad de los equipos, la utilización de herramientas, el empleo de metodologías. Y, lo que es peor, se está expulsando del sector público al talento de las empresas de servicios tecnológicos, quienes prefieren asignar a sus mejores profesionales en sectores - banca, telecomunicaciones, industria - que remuneran mejor, crecientemente mejor. La consecuencia última, proyectos tecnológicos de peor calidad en el Estado.

Y es que no necesariamente la manera de comprar servicios tecnológicas debe guiarse por los mismos criterios con los que se compran sillas o material de oficina. No necesariamente comprar más barato es comprar mejor.

[Publicado originalmente en Linkedin el 16 de septiembre de 2016]

Leo varios artículos de interés esta semana. En uno de ellos, se aprecia cómo los tradicionales yellow cabs de Nueva York realizan 60.000 viajes diarios menos que un año atrás (de un total de 400.000) mientras Uber crece en el mismo período 70.000 desplazamientos por jornada.

Por su parte, la RIAA (Recording Industry Association of America, la gremial de las discográficas estadounidenses) publica un informe que sitúa el streaming como la primera fuente de ingresos de la industria en 2015, con más de un 34% del volumen total.

En un estudio realizado con información recogida en 61 países, Nielsen indica que el 40% de la Generación Z (entre 15 y 20 años) y un 38% de los Millennials (de 21 a 34 años) planean cancelar la suscripción de televisión de su proveedor de cable en favor de servicios OTT como Netflix o Hulu.

Finalmente, leo un texto que describe cómo Airbnb ha incrementado las pernoctaciones en cinco años en un 35.300%, desde las 47.000 en verano de 2010 hasta los 17.000.000 en verano de 2015.

Sí, están las presiones de los lobbys, de los incumbentes, de aquellos que se sienten con el derecho a que su negocio sea intocable ante la innovación tecnológica, sean estos taxistas u operadores de telecomunicaciones. Y está la enorme lentitud con la que la legislación se adapta al cambio, siempre muy por detrás de la realidad.

Pero, pese a todo la digitalización de la economía es imparable. Fundamentalmente, porque no se le pueden poner puertas al campo.

[Publicado originalmente en Linkedin el 18 de abril de 2016]

Cuando hablamos de la acción de gobierno en el ámbito de la movilidad urbana, en la lucha contra la congestión circulatoria, enseguida aparecen como grandes barreras costosas inversiones en infraestructura vial o complejos cambios en los modelos y sistemas de transporte público.

Sin embargo, a través de la digitalización, existen espacios de mejora mucho más inmediatos sobre la base de infraestructuras y sistemas actuales. O al menos esa es la conclusión que se puede extraer del proyecto SMILE, una plataforma integrada de movilidad implantada en la ciudad de Viena a partir de un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Transportes austriaco y liderado por NTT Data.

SMILE implementa una plataforma tecnológica de intermediación entre los usuarios y los diferentes modos de transporte existentes en la ciudad y su área metropolitana (bus, metro, tranvía, car-sharing, bike-sharing, taxi, áreas de estacionamiento…). A través de esta plataforma, el ciudadano puede, utilizando su celular y a golpe de un par de clics, planificar su viaje y comprar online los tickets necesarios para el mismo.

El pilotaje del proyecto, con más de 1.600 usuarios activos, arroja unos resultados sorprendentes. Uno de cada dos usuarios (concretamente, el 48%) modificaron sus hábitos de movilidad, utilizando el transporte público más a menudo y combinando más modos de transporte para su desplazamiento.

Es más, el incremento del uso del transporte público urbano fue del 26% y del car-sharing y bike-sharing superior al 10%. El descenso del uso del taxi y vehículo propio fue superior al 20%.

Es tremendo el poder de la información y de la usabilidad. Porque eso es lo que provee SMILE a sus usuarios: la mejor información sobre sus alternativas de desplazamiento considerando todas las opciones disponibles y la facilidad para comprarlas con algún clic. Nada más. Y nada menos.

Sin millonarias inversiones en infraestructuras ni largos proyectos de transformación, uno de cada dos usuarios cambian sus patrones de movilidad. Uno de cada dos. A veces la solución es más sencilla de lo que parece.

[Publicado originalmente en Linkedin el 6 de abril de 2016]

El pasado 27 de noviembre, la Presidenta Bachelet presentaba en el Palacio de la Moneda la Agenda Digital 2020, casi dos años después de tomar posesión. Una hoja de ruta integrada por 60 medidas que tiene por objetivo convertir Chile en un país plenamente digital.

Se trata de una Agenda enunciativa, liviana de contenido, que debe ser aterrizada en planes de acción específicos para concretar el quién, el cuándo y el cuánto. Tiempo habrá entonces para evaluarla sobre una base más sólida. De momento, el simple hecho de que haya sido presentada es una muy buena noticia, más allá de los defectos que pueda tener.

Sin embargo, a mí me parece que hay dos aspectos mucho más relevantes que el contenido en sí mismo.

Yo llegué a Chile a principios de 2012, hace menos de cuatro años. Y ésta es la tercera Agenda Digital vigente en este período. La tercera en cuatro años. La tercera en menos de cuatro años.

Obviamente, una política de medio y largo plazo como la del desarrollo digital no es viable con esta situación. Es imprescindible que esta Agenda, con las modificaciones que sea necesario ir incorporando, se mantenga como la hoja de ruta hasta 2020. Corresponde - creo - al sector privado, y no solo al tecnológico (es un error muy generalizado pensar que el desarrollo digital compete solo al sector tecnológico), ejercer de garante de continuidad de la Agenda Digital cuando, en 2018, Chile tenga una nueva Jefatura de Estado.

Y, en segundo lugar, llega la cuestión del liderazgo. En ausencia de una institucionalidad al efecto, se ha creado un comité de siete ministerios que tiene por misión "asesorar" a la Presidencia en materia de desarrollo digital y "fijar las orientaciones, programas y acciones necesarias para su implementación".

No parece el anterior el mejor mecanismo para dar tracción a una política marcadamente transversal. O surge un liderazgo efectivo (y empleo el verbo surgir a propósito) o la Agenda corre un alto riesgo de convertirse en una colección de proyectos verticales liderados por cada agencia de gobierno.

En fin, es comprensible el escepticismo que ha generado la presentación de la Agenda Digital 2020. Pero, de momento, yo prefiero quedarme con el entusiasmo por disponer, al fin, de la tan deseada hoja de ruta...

[Publicado originalmente en Linkedin el 8 de diciembre de 2015]

Interesantísimo me ha parecido este artículo de José Manuel Martínez Fernández publicado en el Observatorio de Contratación Pública de España. Y aunque se refiere a Europa, plantea preguntas muy pertinentes para Latinoamérica.

La realidad indiscutible es que los países latinoamericanos están muy lejos de las referencias mundiales en materia de I+D, innovación y Ciencia y Tecnología. Da igual qué indicador tomemos, salvo honrosas excepciones los niveles son muy bajos comparados con estándares medios OCDE. Si tomamos como referencia el Global Innovation Index, el primer país de la región aparece en el puesto 42.

Y ello pese a que los gobiernos han ido tomando conciencia de la situación y articulando planes para cambiarla, dotando recursos económicos o incorporando decididamente estos temas en sus agendas de crecimiento.

No menos llamativa resulta la aportación privada al esfuerzo en I+D. En países como Chile es apenas un tercio del total, quedándose en un paupérrimo 0,1% del PIB. Resultan irónicas las quejas empresariales en relación con la productividad.

Volviendo al artículo de José Manuel Martínez, reflexiona sobre la "contratación pública estratégica" y su rol en el fomento de la innovación empresarial. Indica cómo la Estrategia Europa 2020 otorga a la contratación pública un papel clave en la implementación de las políticas de innovación de la Unión.

Se atreve incluso con cifras. Indica que con tan solo destinar el 3% del gasto en compras a Compra Pública de Innovación, se inyectarían al sistema tantos recursos como los previstos en el programa Horizonte 2020, la principal iniciativa europea de fomento de investigación e innovación.

Recoge, en fin, las siguientes palabras del Comisario Europeo de Industria y Emprendimiento: "Todas las autoridades públicas tienen la responsabilidad de favorecer la innovación cuando producen y consumen bienes y servicios."

¿Puede tomar Latinoamérica ejemplo de esta referencia europea? ¿Debe venir nuevamente el Sector Público a suplir un esfuerzo que no está tomando el privado? ¿Deben gestionarse las compras públicas con carácter "estratégico", más allá del mero aprovisionamiento para el Estado?

[Publicado originalmente en Linkedin el 5 de noviembre de 2015]

El Gobierno de Chile ha presentado hoy el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, que introduce una importante reforma en la institucionalidad del sistema educativo.

La reforma educacional ha venido siendo, junto con la tributaria y la constitucional, una de las tres grandes transformaciones planteadas por la Presidenta Bachelet ya desde la campaña electoral. El gobierno, con buen criterio, la sitúa en la base para la reducción de los niveles de desigualdad y la transformación del modelo productivo del país en el medio-largo plazo.

Hasta la fecha, el debate y la acción legislativa se han situado en un plano muy político, abordando - además de la reforma de la institucionalidad arriba mencionada - aspectos como la selección, el lucro, el copago o la carrera docente, por otra parte muy relevantes.

Pero lo sorprendente es que, pese a que uno de los ejes nucleares de la reforma es la mejora de la calidad de la educación, la aplicación de herramientas tecnológicas y de contenidos educativos digitales brillan por su ausencia en la agenda pública en esta materia.

No es necesario a estas alturas argumentar cómo las TIC y los contenidos digitales impactan de lleno en la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje. Pero es que, además, desde la perspectiva de la industria tecnológica, es un mercado inmenso, con altas tasas de crecimiento globales y también en Latinoamérica.

No solo en lo cuantitativo está el interés. Las posibilidades de desarrollos innovadores en plataformas de aprendizaje personalizado, contenidos digitales, metodologías didácticas o herramientas para el profesorado son enormes: aprendizaje emocional, serious games, laboratorios virtuales, learning analytics, neurodidáctica o personal learning environments, por citar solo algunas de las tendencias en esta materia.

Lo importante, en fin, es que la ventana de oportunidad para resolver uno de los grandes problemas de Latinoamérica - la calidad de la educación - al mismo tiempo que se pelea por un espacio de liderazgo tecnológico aún por ocupar en el mundo todavía existe.

Todavía...

[Publicado originalmente en Linkedin el 3 de noviembre de 2015]

Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en un panel de discusión de Urbantec 2015, el foro sobre Smart Cities celebrado en Río de Janeiro. Más que a dar otro punto de vista (otro más) sobre las ciudades inteligentes, preferí orientar mi intervención a formular preguntas que alimentaran el posterior debate.

Una de ellas es si las Smart Cities pueden permitirse el lujo de vivir de espaldas a las empresas que transforman, mediante la innovación tecnológica, servicios críticos para la ciudad. El ejemplo de libro es el de Uber y la movilidad urbana.

No hacemos sino asistir a la prohibición del servicio en ciudades pretendidamente inteligentes, incluso aunque la justicia no tenga claro si la prohibición es lo que procede (y, pese a ello, prohíbe cautelarmente). Afortunadamente, también llegan sentencias en sentido contrario.

Lo paradójico del asunto es que la misma semana que se celebraba Urbantec en Río, evento internacional sobre ciudades inteligentes, su prefeito firmaba la prohibición de Uber en la ciudad... prohibición que una jueza revocaba pocos días después.

¿Pueden las ciudades inteligentes vivir de espaldas a la innovación tecnológica disruptiva en servicios clave? ¿Pueden prohibir servicios como Uber mientras ya circulan autobuses sin conductor? Yo creo que la respuesta está bastante clara...

[Publicado originalmente en Linkedin el 27 de octubre de 2015]